Bonos Popular: Nueva condena en Madrid

bonos banco popular

El Juzgado de 1ª Instancia nº 96 de Madrid ha declarado la nulidad de una compra de bonos subordinados del 2009 y su canje, en sentencia de 29 de septiembre de 2015.


Destaca de este caso que la demanda fue planteada por dos sociedades mercantiles, una limitada y otra anónima.

En octubre de 2009, dichas mercantiles contrataron bonos subordinados convertibles del Banco Popular, en las cuantías de 18.000 y 15.000 euros, por recomendación de la entidad bancaria.

A la vista de las pérdidas sufrida y ante la imposibilidad de una solución amistosa, solicitan la nulidad o anulabilidad contractual de ambos contratos de compra de bonos subordinados convertibles del Banco Popular, o subsidiariamente la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios. La demanda se dirige contra Banco Popular Español S.A. y Targo Bank S.L.

Se alega que el consentimiento estuvo viciado por haber sufrido un error en la naturaleza y los riesgos del producto, al haber incumplido la entidad bancaria sus obligaciones de información.
Además, dicha nulidad debe extenderse al canje de los bonos de 23 de mayo de 2012.

Los demandados alegan la falta de legitimación pasiva de Targo Bank y que se cumplieron con las obligaciones que imponía la normativa bancaria, que no hubo asesoramiento sino comercialización, que no hubo vicio en el consentimiento y que el representante legal de las actoras había desempeñado cargos en siete empresas y que había tenido experiencia inversora en este tipo de productos.

La Juzgadora, rechaza la falta de legitimación pasiva de Targo, pues fueron sus empleados los que intervinieron en la colocación del producto.

Requisitos de información

A continuación indica que los contratos son complejos, tanto por su propia redacción y naturaleza, como por que así son calificados por la propia descripción que figura en el folleto informativo.

Por la fecha de su adquisición, en octubre de 2009, estaban sometidos a la directiva MIFID, adaptada por la Ley 47/2007.
El artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores regula los deberes de información que recae sobre las entidades financieras que presten servicios de inversión. Dichos deberes, no quedan limitados a que la información sea imparcial clara y no engañosa (apartado 2), sino que además, deben proporcionarles “de manera comprensible, información adecuada sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión, que deberá incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias”(apartado 3).

El artículo 64 RD 217/2008 de 15 de febrero regula con mayor detalle este deber de información y obliga a la entidad financiera a “proporcionar a sus clientes una descripción general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta la clasificación del cliente como minorista o profesional”: Se debe explicar las características del instrumento financiero y sus riesgos, el riesgo de pérdida total de la inversión y la volatilidad, entre otros aspectos.

Asesoramiento

Para determinar la naturaleza de la relación entre las partes, la Juzgadora trae a colación la TS de 20 de enero de 2014 que indica que como afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Genil 48 S.L.), la valoración para saber si existe asesoramiento se debe hacer con los criterios del artículo 52 de la Directiva 2006/73, que aclara la definición del servicio de asesoramiento en materia de inversión del artículo 4.4 de la Directiva 2004/39/CE. Este define el asesoramiento como “la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión”. Y el artículo 52 de la Directiva 2006/73 aclara que hay recomendación personal cuando “se presente como conveniente para esa persona o se base en una consideración de sus circunstancias personales. Carece de esta consideración de recomendación personalizada si se divulga exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada al público”.

En este caso, el empleado del banco ofreció los Bonos a las empresas, cancelando varios depósitos de los que eran titulares.

Sobre las declaraciones de voluntad

En cuanto a cláusulas sobre que el cliente asume determinados riesgos o no desea cumplimentar el test, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de abril de 2013 indica que tales cláusulas son “fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido real si resultan contradichas con los hechos”: En este caso, no consta la firma del administrador de las empresas demandantes en los tests indicando siquiera que no los quiere cumplimentar.

La carga de la prueba

La carga de la prueba sobre la información que debe aportar el banco recae sobre el mismo en aplicación del artículo 217 de la LEC.

El error en el consentimiento

La Juzgadora considera que hubo error en cuanto a la forma de conversión de las obligaciones en acciones, que no fue explicada. Además el folleto fue entregado una vez firmadas las órdenes de compra. Los términos del folleto eran confusos y de difícil comprensión.

En definitiva, se declara la anulabilidad de los contratos de compra de los Bonos Convertibles del Banco Popular de octubre de 2009.

Sobre el canje

La nulidad de la compra de dichos Bonos del Popular, se extiende al canje de 2012 por ser consecuencia de la primera compra, en aplicación del principio “simis stabunt, simil cadent”, es decir, juntos caerán quienes juntos estén. El Tribunal Supremo ha consagrado la doctrina de la propagación de los efectos de la nulidad en sis sentencia de 22 de diciembre de 2009, 17 de junio de 2010 y 12 de septiembre de 2014.

Se ordena la recíproca restitución de todas las prestaciones relativas a las compras de los Bonos convertibles del Popular, con intereses desde la suscripción y condena en costas al banco.

El próximo 25 de noviembre de 2015 se convertirán definitivamente estos Bonos obligatoriamente convertibles del Banco Popular en acciones, con unas pérdidas para los clientes en torno al 80% del principal.

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