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Condenan de nuevo a NCG por preferentes y subordinadas

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Condenan de nuevo a NCG por preferentes y subordinadas

 

NCG Banco ha sido condenado a devolver el importe invertido en preferentes y subordinadas, y a pagar los intereses legales en sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Orense, de fecha 9 de abril de 2013.

 

 

Los demandantes, solicitaron la nulidad del contrato por error en el consentimiento. Habían comprado participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de emisiones lanzadas en los años 2003 a 2005,  en el año 2011.

 

Sufren un incendio en su casa, y al solicitar la documentación al banco se dan cuenta de que lo que creían plazos fijos, eran participaciones preferentes y deuda subordinada. Pero el 21 de diciembre de 2012 necesitan sacar dinero y les dicen que no pueden.

 

El banco no les había informado, ni les había hecho test de conveniencia ni de idoneidad.

 

El banco dice que sí estaban informados, y que tenían experiencia inversora en otros productos de riesgo.

 

La Magistrado-Juez, tras analizar la naturaleza y complejidad de estos productos hace un repaso a la legislación aplicable. Concluye que la demandada no ha acreditado haber informado correctamente a los actores, teniendo en cuenta que la carga de la prueba recae sobre el banco.  A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta las circunstancias concretas de los clientes que tienen 87 y 91 años y de profesión ama de casa y agricultor.

 

Tras hacer un breve repaso a los requisitos para la nulidad contractual, concluye el Juzgador que se cumplen los requisitos del error invalidante del consentimiento, y por tanto, declara la nulidad del contrato con restitución recíproca de las cosas que hubieran sido objeto del contrato, condenando al banco al pago de los intereses legales desde la firma de los contratos y a las costas.

 

Se alega también la existencia de cláusulas contrarias a la LGDCU y a la  ley 7/98 de Condiciones Generales de contratación. Desde el punto de vista de la técnica jurídica, al alegar cláusulas abusivas en condiciones generales de contratación, se puede establecer un conflicto de competencia y los demandados pueden alegar que el tribunal competente es el juzgado de lo mercantil (art.86 ter LOPJ). Esto no es grave para los intereses del cliente, pero supone un retraso.

 

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