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Obligaciones convertibles: Banco Santander condenado en Granada

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El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Granada ha condenado al Banco Santander a devolver los 100.000 euros invertidos en obligaciones convertibles (Valores Santander), con restitución recíproca de las prestaciones y al pago de las costas en sentencia de 15 de octubre de 2012.

 

El demandante solicita la nulidad del contrato de adquisición de obligaciones convertibles  (Valores Santander) celebrado el 20 de septiembre de 2007 y subsidiariamente la anulabilidad por error en el consentimiento en base a la infracción de los artículos 1.261, 1262, 1.265, 1.266, 1.267, 1.281 y 1.300 y siguientes del Código Civil, la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto 629/1993 y su anexo que contiene el Código General de Conducta en los Mercados y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

 

El Banco niega la existencia de error en el consentimiento y alega la caducidad de la acción por haber transcurrido más de 4 años desde la fecha de adquisición. Dice que informó adecuadamente a los clientes, que el hipotético incumplimiento de normativa administrativa no daría lugar a la nulidad del contrato, que no es aplicable la Ley de Consumidores y Usuarios y que existen actos confirmatorios del contrato.

 

La Jueza, analiza en primer lugar el producto “Valores Santander”.

A continuación descarta el argumento de la defensa de la caducidad de la acción: El plazo comienza a contar cuando se ha consumado el contrato y no cuando se perfecciona (STS 11 junio 2003). Se rechaza también que el demandante haya realizado actos confirmatorios: La recepción de un extracto bancario y la mera actitud pasiva del demandante no pueden en modo alguno implicar la existencia de una confirmación tácita.

 

El demandante es un jubilado de 76 años, emigrante y con formación y nivel cultural deficientes. El empleado del banco fue el que le ofreció el producto, indicándole que era una especie de plazo fijo, en el que podía sacar el dinero a partir del primer año.

 

Este argumento es muy importante: Cuando realiza la reserva de “Valores Santander” el 4 de septiembre de 2007 no pudo facilitarse al demandante ningún tríptico sobre estas “obligaciones convertibles” por que éste no fue registrado en la CNMV hasta el 19 de septiembre de 2007. No se le dio ninguna copia “pendiente de aprobación o registro”. Es decir, la voluntad negocial del demandante se formó sobre una base de informaciones vagas y genéricas.  Al cliente se le realiza una reserva y se le asigna una cuenta de valores cuando ni siquiera se había constituido la sociedad emisora (el 6 de septiembre de 2.007).

Fue el empleado del Banco el que ofreció y “colocó” el producto, sin haber realizado una evaluación del perfil del cliente, que es minorista y con perfil conservador.  La edad y el perfil del cliente y lo novedoso del producto, redoblan la obligación de información por parte del banco.

 

No es suficiente la suscripción de la cláusula de estilo por la que el demandante reconocía entender y conocer las características de los Valores Santander así como sus complejidades y riesgos por que no se le informo adecuadamente sobre el producto y ni siquiera los testigos empleados del Banco supieron explicarlo.

 

La carga de la prueba corresponde al Banco.

 

En la fase precontractualel Banco debió informar adecuadamente sobre el producto y la posibilidad de ganancias y de pérdidas (cosa que no se hizo).

En la fase contractual, el Banco debió comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de sus intereses como si fuesen los propios, desarrollando una gestión ordenada y prudente (artículo 79 de la LMV Ley 24/1988).

Tampoco se cumplió lo previsto en el RD 629/1993 cuyo anexo obliga a la entidad financiera a recabar la información sobre situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. La información debía se clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo, haciendo hincapié en los riesgos. El empleado del Banco Santander no cumplió con las prescripciones normativas.

 

Se analiza en la sentencia el “negocio jurídico” que se proponía a los clientes y se resalta su complejidad, que lleva a la conclusión de estimar la existencia de un error en el consentimiento. Se declara la anulabilidad del consentimiento prestado ex artículo 1.265 del Código Civil  y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.303 C.C. se ordena la restitución de los 100.000 euros y los intereses recibidos, condenando en costas al Banco.

 

En resumen, existe la posibilidad de recuperar su inversión en casos de obligaciones convertibles como los “Valores Santander” o similares, en los casos en los que la entidad financiera haya incurrido en mala praxis bancaria.

 

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