Obligaciones Subordinadas del Banco Popular anuladas en Oviedo

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Se anula una suscripción de Obligaciones Subordinadas del Banco Popular emitidas en 2011 par manque d'informations

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Le Tribunal de 1ère instance de nombre 11 de Oviedo en sentencia de 23 Février 2018 ha anulado un contrato de suscripción de obligaciones subordinadas del Banco Popular por estar el consentimiento viciado de error, al haber incumplido la entidad financiera sus obligaciones de información.

Antecedentes

El demandante era cliente del Banco Popular desde hacía más de 20 ans y en éste tenía depositados sus ahorros personales y familiares. Ya en el año 2009, el Banco le colocó unas acciones convertibles, que fueron objeto de reclamación judicial, estimada por el Juzgado de 1ª instancia nº 2 Oviedo. En dicho procedimiento ya se constató el perfil conservador del cliente y su condición de consumidor y minorista.

El demandante no tenía ninguna formación ni experiencia laboral relacionada con el mundo financiero.

En Septembre 2011 se le ofreció vía telefónica y luego de manera presencial la inversión de sus ahorros en unas obligaciones con intereses del 8,25% au cours de 10 años y disponibilidad de liquidez en pocos días, a lo que el demandante aceptó, firmando una orden de valores “OB. SUB. BANCO POPULAR VT.10-21” por valor de 10.000 €. Igualmente se firmó un documento que, en palabras del juzgado “manifestaba no haber cumplimentado un test por lo que el Banco no evalúa la conveniencia del producto pero que el Banco informó de su naturaleza y riesgos (sin indicar cuáles son) y que el cliente manifiesta que ha decidido por cuenta propia y con base en sus propias estimaciones contratar; y el resumen de las condiciones de la emisión”.

El cliente interpuso demanda para solicitar la nulidad del contrato de adquisición de obligaciones subordinadas emitidas por el Banco Popular por 10.000€, por un error en la prestación del consentimiento por falta o insuficiencia de la información respecto de la naturaleza jurídica y caracterización del contrato. Subsidiariamente se ejerció una acción de incumplimiento contractual por falta de cumplimentación por el banco de sus deberes en la comercialización del producto.

El Banco Popular alegó la caducidad de la acción por entender que desde la celebración del contrato hasta la presentación de la demanda había transcurrido un lapso superior a los cuatro años que establece el art. 1301 le C.C.

También argumentó la validez del contrato porque se informó de los riesgos del producto y alegó haber cumplido las obligaciones de comercialización del producto.

Para decidir, el Juez realizó las siguientes argumentaciones:

Expiration

Afirmó la sentencia del Juzgado nº11 de Oviedo que debía aplicarse la doctrina señalada en la Sentencia del Tribunal Supremo 769/2014, de 12 Janvier 2015 et l' 20 Décembre 2016 donde se señaló:

"Al interpretar hoy el art. 1301 CC en relación a las acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, no puede obviarse el criterio interpretativo relativo a ‘la realidad social del tiempo en que [Normes] han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas’, comme prévu à l'art. 3 CC.

[...]

En fin de compte, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento.

Ainsi,, dans les relations contractuelles complexes sont souvent aussi ceux résultant des contrats bancaires, financière ou d'investissement, la consommation du contrat, aux fins de déterminer l'heure de début de la période d'exercice de l'action en annulation du contrat par erreur ou de fraude, Il ne peut pas être fixé avant que le client a pu avoir connaissance de l'existence d'une telle erreur ou de fraude. La date initiale pour l'exercice de l'action est, donc, la suspension du règlement des prestations ou des intérêts courus, l'application de mesures de gestion convenues par les instruments hybrides FROB, le, et générale, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error".

Aplicando la jurisprudencia al caso de estudio, entendió el Juez que debía fijar el momento de inicio del plazo de caducidad teniendo en cuenta la fecha de la conversión de las obligaciones en acciones, que fue en junio de 2017 tras la comunicación remitida por el Banco al cliente en ejecución de la Comisión Rectora del FROB de 7 Juin 2017, toda vez que solo en ese momento el cliente tomó conciencia de los riesgos que conllevaba su producto.

Nulidad de productos complejos

Dans l'arrêt, se considera que las OBS son un produit complexe, que tiene unas exigencias en el régimen de emisión, información y valoración de su conveniencia e idoneidad en relación con el cliente, para cuyo entendimiento se requiere una formación financiera superior a la del perfil general del cliente bancario; por lo que las entidades financieras deben acreditar que, antes de formalizar la operación, se ha facilitado al cliente un documento informativo con las características del producto, garantizando así los principios de transparencia y claridad, conforme lo señalan los artículos 79 bis de la Loi sur les valeurs mobilières du marché, 62, 60 et 64 Décret royal 217/2008, de 15 Février.

Señaló la sentencia que “Esta garantía normativa a favor de los clientes que se denomina comúnmente análisis de idoneidad y es la que mayor nivel de protección aporta a los clientes minoristas. En el caso de que el producto no resulte coherente con los objetivos de inversión y situación financiera del cliente, el intermediario no puede recomendar su contratación". Es importante entonces que las entidades financieras recaben la información financiera necesaria y suficiente de sus clientes para evaluar la idoneidad del producto para el cliente.

Se recordó el criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal Supremo en Sentencia de 20 Janvier 2014 respecto del contenido de los deberes de información al comercializar productos financieros complejos con clientes minoristas, para apreciar error vicio del consentimiento determinante de nulidad del contrato:

"La complejidad de los productos financieros propicia una asimetría informativa en su contratación, qui a conduit à la nécessité de protéger les investisseurs au détail pas connu dans leur relation avec le prestataire de services financiers. Como se ha puesto de manifiesto en la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa porque las entidades financieras al comercializar estos productos, en raison de leur complexité et de l'asymétrie d'information décrit, Ils ne se limitent pas à la distribution mais fournissent des services à la clientèle qui va au-delà aseptique et de l'information sur les instruments financiers, dans la mesure où aider le client à interpréter cette information et de prendre la décision d'embaucher un produit particulier.

[...] estos deberes responden a un principio general: todo cliente debe ser informado por el banco, avant que le contrat était, de los riesgos que comporta la operación especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe".

Respecto de la información sobre los instrumentos financieros, la doctrina jurisprudencial señaló:

[...]

Estos deberes (art. 79à LMV) no se reducen a que la información dirigida a sus clientes sea imparcial, claire et non trompeuse (paragraphe 2), sino que además deben proporcionarles, ‘de manera comprensible, información adecuada sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión’, que ‘deberá incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias’

En su apartado 2 (art. 64 RD 217/2008), concreta que ‘en la explicación de los riesgos deberá incluirse, cuando sea justificado en función del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los conocimientos y perfil del cliente, la siguiente información:

un) Los riesgos conexos a ese tipo de instrumento financiero, incluida una explicación del apalancamiento y de sus efectos, y el riesgo de pérdida total de la inversión.

b) La volatilidad del precio de ese tipo de instrumento financiero y cualquier limitación del mercado, o mercados, en que pueda negociarse.

c) La posibilidad de que el inversor, asuma, además del coste de adquisición del instrumento financiero en cuestión, compromisos financieros y otras obligaciones adicionales, incluidas posibles responsabilidades legales, como consecuencia de la realización de transacciones sobre ese instrumento financiero.

d) Cualquier margen obligatorio que se hubiera establecido u otra obligación similar aplicable a ese tipo de instrumento’”.

De otro lado, respecto de la evaluación de conveniencia y de idoneidad que debe realizar la entidad bancaria, la referida doctrina señalada por el Juzgado de 1ª instancia nº 11 Oviedo:

"[...] deben valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente, para precisar qué tipo de información ha de proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de conveniencia o de idoneidad.

[...]

Este test valora los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de operaciones) client, con la finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de sus competencias en materia financiera. Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. [...]El test de idoneidad opera en caso de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la realización de una recomendación personalizada.

[...]Ainsi, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideración de asesoramiento en materia de inversión la recomendación de suscribir un swap, par le prêteur au client des investisseurs, « que se presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público ».

El incumplimiento del deber de información no necesariamente implica la existencia del error vicio del consentimiento, pero si permite su presunción, y así se considera que concurrió tal vicio por la ausencia de información previa a la contratación. El demandante ignoraba los elementos esenciales del contrato.

Compte tenu de ce qui précède, se examinó en la Sentencia la existencia de representación falsa respecto de la naturaleza y riesgos del contrato, toda vez que para anularlo es necesario que el error tenga suficiente entidad y no sea imputable a la negligencia del cliente.

Ante un cliente minorista como el demandante, las entidades financieras debían asegurar la idoneidad y conveniencia de los productos y suministrar la información completa, suficiente y con antelación, sobre los riesgos que tiene, tal como lo señala también los arts. 72 un 74 de RD 217/2008, de 15 Février.

Se resaltó finalmente que la información debía entregarse bien à l'avance a la firma por lo que concluye que:

"dans ce cas, la totalidad de los documentos en que se apoya la demandada son simultáneos al acto de firma, lo que evidencia la falta de una previa y detallada información, que permitiera al cliente, con sosiego, analizar la conveniencia de la inversión. Donc, la demandada infringió la obligación de informar a los potenciales clientes al ofertarles el producto, con suficiente antelación respecto de la suscripción del contrato".

Conclusion

En definitiva el Juez consideró que en el caso estudiado “concurre en la prestación del consentimiento un error que de ser calificado esencial y excusable, remitiéndonos en este punto a lo señalado en las sentencias antes citadas, a cuyo efecto no es relevante la bondad del producto o su conveniencia para el cliente, sino si éste tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos asociados al mismo, lo que presume la existencia del error, salvo que concurran circunstancias en el cliente que permitieran desechar la existencia del error".

Por lo anterior la sentencia declaró la nulidad de los contratos de compra y canje de obligaciones subordinadas del Banco Popular, con condena a la restitución recíproca entre las partes de las prestaciones que hubiesen sido objeto de los mismos, debiendo la demandada devolver el capital suscrito, incrementado en el interés legal desde su entrega; y el demandante entregando los títulos recibidos y abonando a la demandada el importe de los rendimientos obtenidos por las obligaciones suscritas, incrementadas en el interés legal devengado desde su pago.

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