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¿QUE ESTRUCTURA PUEDE ADOPTAR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN?

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El órgano de administración puede consistir en:

 

1.- Administrador único: Una sola persona ejerce la totalidad de las funciones de gestión y representación de la sociedad. Se suele utilizar en sociedades pequeñas. Su ventaja es la agilidad y su inconveniente es la concentración de poder, imposibilitando el acceso de los socios minoritarios al órgano de administración.

 

2.- Administradores solidarios: Cada uno de los administradores ostenta todo el poder, de manera que lo que haga uno de ellos vincula a la sociedad. Se facilita la flexibilidad y la agilidad, pero incrementa el riesgo de conflictos.

 

3.- Administradores mancomunados: Se necesita la actuación conjunta de los administradores para la realización de cualquier acto. Puede llevar a situaciones de colapso de la sociedad pero evita conflictos y aumenta la seguridad.

 

4.- Consejo de administración: Órgano colegiado de administradores, que adopta sus decisiones por mayoría. Permite adoptar las decisiones de una forma más reflexiva, no requiere unanimidad y posibilita que en la administración estén representados los distintos intereses de los grupos de socios.

 

El tipo de administración se determina en los estatutos sociales, bien directamente, o bien atribuyendo a la junta general la facultad de optar entre algunas de estas estructuras.

 

En caso de optar por el consejo de administración, el número de componentes no puede ser inferior a tres ni superior a doce.

 

El acceso al cargo requiere el cumplimiento de unos requisitos de elegibilidad y del procedimiento legalmente previsto.

 

Como requisitos de elegibilidad, hay que tener capacidad para el ejercicio del comercio (mayor de edad y libre disposición de sus bienes) y no incurrir en prohibiciones o incompatibilidades legales como puedan ser la inhabilitación concursal, la condena penal en determinados delitos o la imposibilidad de ejercer el comercio por razón del cargo (jueces, notarios, jefes gubernativos), ser un alto cargo de la administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, o ser funcionario (en determinados casos).

Los estatutos sociales pueden exigir requisitos adicionales como tener una titulación, años de experiencia, prestación de garantías, edad y otras condiciones con la limitación de que tengan carácter objetivo.

 

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REFORMA DE LA LSC

(Fuente: Cinco Días)


Las reformas introducidas, en materia de derecho de sociedades, por el Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital tienen por objeto la transposición de una Directiva europea que reformó las anteriores normas europeas en materia de fusiones y escisiones de sociedades. El transcurso del plazo previsto para la transposición de esa Directiva justificó que el Gobierno considerara que concurrían las circunstancias de urgente y extraordinaria necesidad que legitiman al uso del Real Decreto-ley, como fuente normativa. Así las cosas, dichas reformas entraron en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es, el 18 de marzo de 2012.

Esta reforma afecta, de una parte, al régimen de la página web corporativa y, de otra parte, en consonancia con lo previsto en aquella Directiva, se pretende acentuar la tendencia hacia la simplificación de las normas en materia de fusiones y escisiones, a cuyos efectos, se modifican algunas normas de la Ley de Sociedades de Capital, así como determinadas previsiones recogidas en la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Con respecto a la página web corporativa, quizás, lo más importante sea destacar que el régimen fundamental de esa página coincide ahora para las sociedades cotizadas (para las cuales es obligatoria) y para las demás sociedades de capital. De este nuevo régimen, cabe mencionar que, al igual de lo que se preveía anteriormente, la junta general es el órgano competente para crear la página web, mientras que, en el caso de la modificación, el traslado o la supresión de la página, la competencia recae (salvo disposición estatutaria en contrario) en el órgano de administración. Entre otras cuestiones, se ha previsto una norma especial en la que se regula la responsabilidad de los administradores en relación con el deber de mantener inalterada la página web con los datos insertos en ella.

Con el fin de simplificar el funcionamiento de la sociedad y no imponer excesivas cargas a su funcionamiento, se han incluido nuevas excepciones a la exigencia del informe de experto independiente relativo a las aportaciones no dinerarias. Sin embargo, las nuevas excepciones estaban ya previstas en los demás supuestos que la Ley de Sociedades de Capital conserva, o podían resultar de otros preceptos legales y, por tanto, no constituirían una novedad de carácter sustancial.

Como consecuencia de la reforma de las normas en materia de fusiones y escisiones, se permite la utilización de los nuevos instrumentos de publicidad societaria (página web y comunicación electrónica directa e individual) con el fin de dar a conocer a los socios los documentos relacionados con la fusión y otras modificaciones estructurales. Por ejemplo, a partir de ahora, el proyecto de fusión podrá publicarse a través de la página web de cada una de las sociedades que participan en la fusión, como alternativa a su depósito en el Registro Mercantil.

Esa reforma del régimen de las fusiones y las escisiones se ha utilizado, de paso, para introducir una modificación sustancial del derecho de oposición de acreedores, que altera los caracteres tradicionales que lo definían. Ahora se contempla expresamente la posibilidad de que la fusión se inscriba a pesar del ejercicio, en tiempo y forma, del derecho de oposición por un acreedor legitimado. En este caso, el acreedor podrá solicitar al Registro Mercantil correspondiente que haga constar, mediante nota marginal, el ejercicio de su derecho de oposición. Con ello, a posteriori, podrá invocarlo ante el juez de lo mercantil con el fin de que éste, eventualmente, condene a la sociedad a pagar o a ofrecer una garantía adecuada. En cambio, lo que, en principio, no cabrá es que se declare la nulidad de la fusión practicada como consecuencia de la declaración de los administradores de que no se había ejercitado legítimamente el derecho de oposición o de que se habían ofrecido garantías suficientes a los acreedores.

Otra de las principales novedades introducidas por esta reforma consiste, paradójicamente, en una ampliación de los supuestos en los que es necesario que los expertos formulen un informe sobre la fusión. A este respecto, se ha establecido que el informe de experto se requerirá «cuando alguna de las sociedades que participen en la fusión sea sociedad anónima o comanditaria por acciones». En cambio, anteriormente el informe solo era necesario si la sociedad resultante de la fusión era una sociedad anónima o comanditaria por acciones. Esto supone un notable incremento de las exigencias en materia de informes, que, además, se contradice con la no necesidad de informe de experto en el caso de aportaciones no dinerarias en la constitución o ampliación de capital social de una sociedad de responsabilidad limitada.

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LOS ADMINISTRADORES EN LAS S.L.

El órgano de administración en las sociedades limitadas presenta las siguientes características:

Es necesario y su paralización constituye una de las causas de la disolución de la sociedad.

Es permanente, lo que le permite la gestión diaria de la sociedad.

Es el brazo ejecutor de las decisiones de la junta general.

Es autónomo en cuanto a que guarda cierta independencia de la junta general, en cuanto a que los administradores no quedan exentos de responsabilidad si su acto lesivo ha sido acordado, autorizado o ratificado por la junta, tienen legitimación procesal para impugnar los acuerdos de la junta y están obligados a instar la disolución judicial de la sociedad cuando la junta no adopta el acuerdo de disolución o es contrario a ésta.

 

Las facultades de los administradores sociales comprenden funciones de gobierno, gestión y dirección.

Con carácter general se entiende que el administrador o miembro del consejo de administración no puede mantener con la sociedad una relación especial de alta dirección por ser ambas incompatibles.

 

Como consecuencia de esta incompatibilidad:

 

1.- El orden jurisdiccional social no será competente en caso de conflicto.

2.- La retribución no se considera salario.

3.- La extinción se regula por la normativa mercantil, sin que exista la obligación de indemnización.

4.- La reclamación de indemnizaciones es cuestionable salvo que se encuentren previstas en los estatutos sociales.

 

Se admite la posibilidad de que el administrador tenga una relación laboral común, en los siguientes supuestos (entre otros):

  • Sociedad mercantil constituida solo por trabajadores.
  • Gerente que es administrador mancomunado.
  • Director de marketing que nombrado administrador, sigue realizando su labor habitual.
  • Director de empresa, que no es titular de facultades inherentes a la titularidad de la empresa.

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EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAYORÍAS EN LAS S.L.

Los acuerdos se adoptan en la junta general de socios por mayorías que están fijadas por la ley, admitiéndose que los estatutos sociales puedan establecer porcentajes de votos superiores a los legales.

La mayoría se entiende solamente sobre los votos válidamente emitidos. Por lo tanto, se excluyen del cómputo los votos en blanco, los votos nulos y las abstenciones. Además se excluyen los votos del socio que esté en alguna de las situaciones de conflicto que vimos en el post anterior.

 

Se distingue entre la mayoría ordinaria, aplicable a los acuerdos sobre materias generales, incluyendo la aprobación de las cuentas anuales y las mayorías reforzadas aplicables sobre asuntos de carácter extraordinario o que impliquen una modificación estructural de la sociedad.

La mayoría ordinaria requiere el voto de la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que dichos votos representen al menos un tercio de las participaciones en que se divide el capital social.

La mayoría reforzada se requiere para aprobar acuerdos de especial trascendencia:

    1. a)El aumento o reducción del capital social requiere el voto de más de la mitad del capital social.
    2. b)La transformación, fusión o escisión de la sociedad, cesión global del activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, la supresión o limitación del derecho de preferencia, la exclusión de socios y la dispensa a la prohibición de competencia a los administradores, requiere el voto favorable de al menos dos tercios del capital social.
    3. c)La introducción en los estatutos de una cláusula de sumisión a arbitraje requiere el voto favorable de al menos dos tercios del capital social.

 

Los estatutos pueden exigir un porcentaje de votos superior al establecido legalmente o de un determinado número de socios, pero con los siguientes límites:

    1. a)No se puede exigir la unanimidad.
    2. b)Para la separación de administradores no se puede exigir una mayoría superior a los dos tercios del capital social.
    3. c)Para el ejercicio de la acción de responsabilidad no se puede exigir una mayoría distinta a la ordinaria.

 

En caso de empate, no se puede adoptar el acuerdo, y no se admite decidirlo por suerte ni por un tercero, aunque se acepta el otorgar un voto de calidad al presidente de la junta en caso de empate.

 

Si se trata de un acuerdo inválido, no vincula a los socios, que tendrán los siguientes medios de acción:

    1. a)En el orden civil, mediante la impugnación del acuerdo.
    2. b)En el orden penal, por delito societario.

 

Los socios que no han votado a favor de determinados acuerdos, podrán separarse de la sociedad.

 

Para algunos acuerdos, se puede exigir estatutariamente la unanimidad de todos los socios como en los casos de prohibición de transmisión de participaciones “inter vivos”, aumento del capital, reducción del capital, restitución de aportaciones, modificación de las causas de separación o de exclusión o la percepción de la cuota de liquidación en bienes derechos.

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LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LAS SOCIEDADES LIMITADAS

Los socios tienen un deber de fidelidad con la sociedad y con los restantes socios, de manera que no puede prevalecer el interés particular a costa del interés social. Por esto, en determinadas ocasiones, existe una prohibición legal al socio para el ejercicio del derecho al voto en acuerdos respecto de los cuales, pueda tener un interés contrapuesto al interés social.

Los supuestos legales de conflicto son:

1.- La autorización para la transmisión de participaciones: por haber conflicto entre el interés social de controlar a los adquirentes de las participaciones y el interés del socio de vender.

2.- El acuerdo social de exclusión: cuando el socio quiere permanecer en la sociedad pero concurren circunstancias graves que desaconsejan la continuidad del socio en la sociedad.

3.- La dispensa de la prohibición de competencia al socio-administrador.

4.- La concesión de crédito, garantías o asistencia financiera.

5.- La relación de prestación de obra o servicios con un socio-administrador.

6.- La liberación de una obligación.

7.- La concesión de un derecho.

 

El socio que se encuentra en cualquiera de las situaciones anteriores, no puede ejercer en la junta el derecho de voto correspondiente a sus participaciones sociales. Sus participaciones se deben descontar para el cómputo de la mayoría de votos necesaria. Sin embargo, conserva intactos los derechos políticos de sus participaciones, (asistir, participar, solicitar información etc.).

 

La abstención debe producirse de forma voluntaria y en caso de no producirse, el presidente de la junta tiene la facultad de privar al socio en conflicto de privar del derecho de voto.

 

El socio que se considera ilegítimamente privado de su derecho de voto, puede impugnar el acuerdo adoptado, y en su caso, ejercitar contra el presidente una acción de responsabilidad.

 

Si el voto llega a producirse, debe ser considerado como nulo, aunque la nulidad, sólo se traslada al acuerdo cuando ese voto nulo haya sido determinante para alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo.

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