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Derecho del Trabajo

DESPIDO ¿FANTASMA?

abogado despido verbal

Si un trabajador dice que ha sido despedido verbalmente y la empresa lo niega ¿Qué sucede?

Analizamos la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2011.
En el supuesto de hecho un trabajador dice que fue despedido verbalmente por la empresa, deja de acudir al trabajo y demanda a la empresa por despido. La empresa niega que el trabajador hubiese sido despedido.
Tras el acto de conciliación, el juicio en primera instancia y la apelación, se interpone un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
El tema de fondo consiste en determinar a quien incumbe la carga de la prueba. El Tribunal Supremo concluye:

“SEGUNDO.- Alega la recurrente que la sentencia infringe el art. 217 de la Lec ., en relación con los arts. 54 y 55 del ET ., estableciendo como punto de contradicción el relativo a la carga de la prueba sobre la existencia o no de un despido verbal, contradicción que debe estimarse concurrente por cuanto las sentencias comparadas llegan a soluciones contrarias respecto a quien tiene la carga de probar la existencia de un despido que la parte actora afirma haberse producido de forma verbal, sin que conste ninguna otra circunstancia acreditativa de tal hecho.
Y la doctrina correcta sobre la cuestión debatida es la de la sentencia de contraste, ésto es, que es la parte demandante la que debe probar el hecho -despido verbal- constitutivo de los efectos jurídicos que pretende ( art. 217.2 Lec .); sin que pueda argumentarse sobre una supuesta mayor facilidad probatoria de la empresa demandada, ya que el trabajador podría perfectamente dirigirse al empresario, por escrito o de palabra, acompañado de testigos, a raíz del despido del que afirma haber sido objeto, requiriéndole para que le admitiese al trabajo, mientras que para el empresario, en tanto no oponga un abandono del trabajador, tal prueba constituiría un hecho negativo.»

Las anteriores consideraciones conducen, como señala el Ministerio Fiscal, a estimar el recurso.

Se da la razón a la empresa. Es el trabajador el que alega y por tanto, el que debía haber probado su despido.

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Derecho del Trabajo

UN ERE NO ANULA LA PETICION DE LA EXTINCION LABORAL POR IMPAGO DE SALARIOS

El caso que comenta la sentencia del Juzgado de lo Social de Pamplona nº3 de 1 de marzo de 2012 es el siguiente:
Un trabajador presenta una demanda para extinguir la relación laboral por los impagos de la empresa al amparo de lo establecido en el artículo 50 del ET.
Posteriormente la empresa presenta un ERE para extinguir la relación laboral.
El juzgado en su sentencia dice:

“el retraso en el abono de los salarios si que constituye aquí, dado que se realiza de una forma sistemática, y con más de dos meses de retraso, y extendiéndose a hace más de año y medio, entidad a los efectos resolutorios previstos en el art.50 del Estatuto de los Trabajadores, lo que determina la estimación de la acción resolutoria y, al mismo tiempo, de la acción de reclamación de cantidad respecto a los dos nóminas que adeuda la empresa, y sin contar que tampoco consta el abono de la mensualidad de enero, quedando ésta al margen de lo que es el objeto del presente procedimiento, y sin perjuicio de que pueda reclamarse en otro procedimiento por los demandantes.
A la conclusión que se obtiene no cabe alegar o invocar el hecho de que la empresa demandada haya presentado ahora un expediente de regulación de empleo de carácter extintivo dado que tal expediente se ha presentado en la misma fecha en que se ha celebrado el acto del juicio, y ni siquiera se ha resuelto todavía por la autoridad laboral, no siendo en todo caso causa que enerve la estimación de una acción resolutoria ejercitada con anterioridad a la solicitud de un expediente de regulación por parte de la empresa demandada. En definitiva, conforme a lo razonado, no cabe sino estimar la demanda, declarando la extinción de los contratos de trabajo que vinculaban a la empresa con los demandantes, y condenando a la empresa demandada a abonar la indemnización legal prevista en el art. 50.2 del Estatuto de los Trabajadores que, en definitiva, se remite a la indemnización del despido improcedente.”

En cuanto a la cuestión de cuál debe ser el importe de la indemnización, teniendo en cuenta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, (si al de 45 días o al de 33) se aplica la especificación de “prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año”, es decir ante la cuestión de cómo proceder con los días que no llegan a completar el mes entero, ha de aplicarse a los dos tramos o solo a uno de ellos y en este caso a cuál.
El juez aclara que existen dos formulas de cálculo:
1. “ Entender que se aplica el prorrateo por meses de los restos de las dos partes del periodo computable, el anterior y el posterior a la entrada en vigor”
2. “Entender que se aplica el prorrateo por meses de los restos a una sola parte del periodo computable, que en concreto sería el posterior a la entrada en vigor y aplicar una regla aritmética pura para el periodo previo a la entrada en vigor”
Esta segunda fórmula es la que entiende el juez más correcta a fin de evitar supuestos de doble cómputo de meses.
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Derecho del Trabajo

TRABAJADOR ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE (TRADE) ¿RELACION LABORAL O CIVIL-MERCANTIL?

Para aclarar la cuestión, comentamos la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª de lo Social de 24 de Noviembre de 2011.

El caso es el siguiente: Un transportista, alegando condición de trabajador económicamente dependiente (TRADE) presentó demanda ante el Juzgado de lo Social, en reclamación por daños y perjuicios por resolución de contrato por voluntad del cliente sin causa justificada. La sentencia de instancia acogió la excepción de incompetencia de Jurisdicción opuesta por la empresa demandada e interpuesto recurso de suplicación por ambas partes, fueron desestimados. La cuestión planteada consiste en determinar si esta jurisdicción es competente para resolver las cuestiones surgidas de la ejecución de los contratos llamados TRADE, cuando se trata de contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley 20/2007 que reúnen los requisitos establecidos en esta, para ser calificados como tales. La solución requiere, previamente, determinar si esos contratos pasaron automáticamente a regirse por la Ley 20/2007 , tras su entrada en vigor, o si la aplicación de esta norma a los mismos requería la adaptación de estos contratos a ella, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley citada en relación con la Transitoria Primera del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero , por cuanto la competencia de este orden jurisdiccional viene determinada por el momento en que esos contratos se convierten en TRADE, por la fecha en la que se hacen merecedores de esa calificación y pasan a regularse por la Ley 20/2007.

El Tribunal Supremo concreta el criterio  en la sentencia:
“»Distinto es el caso de la exigencia de comunicación que establece el art. 12.2 LETA , a tenor del cual «el trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate, así como las variaciones que se produjeran al respecto». Esta ya no es una exigencia formal, sino que se relaciona con el necesario conocimiento por el empresario de uno de los presupuestos del contrato: la situación de dependencia económica. Esa situación normalmente sólo será conocida por el trabajador autónomo, pues es él quien tiene la información sobre los clientes para los que presta servicios y sobre los ingresos que percibe de ellos. Por el contrario, sin el conocimiento de ese dato el cliente que concierta un contrato puede estar asumiendo un contrato de trabajo autónomo dependiente cuando en realidad su intención es la de establecer un contrato civil o mercantil de régimen común con un trabajador autónomo ordinario. Por ello, la comunicación de la situación de dependencia es un requisito para la existencia del consentimiento sobre el vínculo contractual que se establece.” “…..”La aplicación del régimen legal es, desde luego, obligatoria cuando se dan las condiciones necesarias para ello. Pero la suscripción del contrato no lo es. El trabajador autónomo y su cliente tienen que conocer la naturaleza del contrato que suscriben y el cliente tiene que saber que está contratando un servicio que se presta en una situación de dependencia económica. De ahí que el trabajador tenga la obligación de informar de esta circunstancia o la carga de probar, en su caso, que el cliente la conocía al contratar. Si conociendo esta circunstancia se contrata, el régimen legal será aplicable, aunque trate de excluirse por las partes o a través de las cláusulas del acuerdo pactado. La ley lo que pretende es garantizar el conocimiento del cliente sobre las condiciones en las que contrata.

Pues bien, en el presente caso se contrató antes de la entrada en vigor de la ley y no consta que en ningún momento después de esa fecha se comunicara al cliente la situación de dependencia económica del trabajador, ni se ha acreditado que la empresa conociera esta circunstancia. Por ello, el vínculo entre el actor y la empresa cliente no podría ser calificado como un vínculo propio del trabajo autónomo dependiente y en este punto es indiferente que la información no se haya producido en el plazo de la disposición transitoria 3ª.2 LETA -en la redacción anterior a la Ley 15/2009 -, ni después de transcurrido ese plazo.»
“….”
“En el presente caso es patente que en el momento en que se produce el cese no se había adaptado el contrato, ni había transcurrido el plazo de 18 meses para la adaptación; plazo que comenzó a correr a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 197/2009, el 5 de marzo de ese año.”

Por tanto, ni se había cumplido el plazo para la adaptación, ni se había comunicado a la empresa cliente la situación de dependencia. En consecuencia, no existía un contrato de trabajo autónomo dependiente y tampoco podía ser competente el orden social para conocer de la pretensión deducida en estas actuaciones que no deriva del mencionado contrato, ni del régimen profesional aplicable al mismo conforme a la LETA.»

Si el contrato está suscrito a partir de la entrada en vigor de la LETA, se aplicaría el régimen previsto en la misma. Pero en este caso, el contrato es de fecha anterior.

Como conclusión, el contrato suscrito originariamente entre las partes era civil o mercantil, no se novó, ni se transformó en TRADE y, por ende, la jurisdicción social  no era competente para resolver las cuestiones derivadas de su rescisión, por no ser aplicable el art. 17 de la Ley 20/2007. Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina.

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Competencia desleal

¿PUEDEN LOS EMPLEADOS MONTARSELO POR SU CUENTA?

Para ver el tema, analizamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de enero de 2012. Se trata de un caso en el que algunos empleados constituyen otra empresa para desarrollar la misma actividad mientras siguen trabajando en la primera. Una vez consolidados, abandonan la empresa original. Ésta les demanda por competencia desleal.

Para analizar el tema, hay que tener en cuenta los artículos 13 y 14 de la Ley de Competencia desleal:

Artículo 13. Violación de secretos.
1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.
Artículo 14. Inducción a la infracción contractual.
1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.
2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

El gran problema en este tipo de demandas es la prueba: normalmente es muy difícil presentar pruebas sólidas que lleven a una sentencia condenatoria.

Cabe destacar de la sentencia los siguientes fundamentos jurídicos:

.1º Constituir una sociedad para dedicarse a la misma actividad que la demandante por parte de sus empleados y mientras son empleados de ésta no es por sí solo, desleal.
2º El incumplimiento de un pacto de no competencia podría justificar, en su caso, una acción contractual, pero no una acción de competencia desleal, así se deduce del hecho de que el art. 14 LCD sancione la inducción a la infracción contractual y no la infracción contractual misma.
3º La imitación de signos distintivos y formas de presentación de productos está prohibida en el art. 6 LCD; la imitación de prestaciones en el art. 11 LCD. Imitar un modelo de negocio sólo es desleal si induce a confusión o si constituye un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Esta cuestión (¿cuándo la imitación de un producto o servicio constituye un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno?) es la más difícil de entre las que plantea el art. 11 LCD. La Audiencia resuelve el caso señalando que sólo será indebido el aprovechamiento si lo imitado tiene “singularidad competitiva”, es decir, permite a los terceros asociar de algún modo lo imitado con la empresa que desarrolló tal singularidad competitiva y, por tanto, proporciona a dicha empresa una ventaja competitiva frente a sus rivales precisamente por haber desarrollado tal producto o servicio en la forma en que lo ha hecho. Se comprende, inmediatamente, que ha de tratarse de una prestación o características importantes en relación con el negocio que se desarrolle. Además, el imitador ha debido obtener un gran ahorro al reproducir mecánicamente (o casi) la prestación ajena para que pueda hablarse de que ha existido aprovechamiento del esfuerzo ajeno.  Sobre la copia de documentos, dice la Audiencia:
” En realidad, la copia de los modelos resulta irrelevante, no sólo por su escasa originalidad sino también porque los documentos no constituyen en sí la prestación que se ofrece y comercializa, y su imitación no supone un ahorro muy significativo de costes.”
4º Las listas de clientes pueden constituir secreto comercial, o no, en función de su contenido (datos sobre los clientes que incorporan) su envergadura, el coste de su elaboración…
5º La inducción a los trabajadores de la demandante a terminar regularmente sus contratos de trabajo puede considerarse probada por el hecho de que pasaran sin una clara solución de continuidad, a trabajar para los demandados. Lo difícil es valorar si la captación masiva de empleados equivale a “intención de eliminar a un competidor del mercado” según dispone el art. 14.2 in fine LCD. La Audiencia interpreta el precepto en sentido subjetivo. La captación masiva de los empleados ha de haberse realizado con la intención de mermar la capacidad competitiva del rival. Por tanto, aunque ese efecto se produzca, no incurre en competencia desleal el que capta masivamente a los empleados de un rival porque considera que tienen las cualidades que le permitirán tener éxito en su negocio.
“ Se sanciona la inducción a la resolución de los contratos que persigue como objetivo principal mermar la capacidad competitiva del competidor, esto es, no interesan tanto el beneficio de los servicios que pueden prestar aquellos ex trabajadores del competidor, como lograr que dicho competidor no esté en condiciones de prestarlos adecuadamente. Y esta circunstancia no ha quedado acreditada.”

6º Respecto al hecho de que los demandados utilizasen medios del demandante para poner en marcha su propio negocio competidor, la Audiencia dice:
Debemos analizar, pues, si los demandados, antes de abandonar CEDEC llevaron a cabo alguna actuación, aparte de promover la constitución de la sociedad tactio, que permitiera a esta última entrar
inmediatamente en competencia. La demanda, con base en un informe de Deloitte (documento nº 94 de la demanda), deja constancia de que CEDEC tenía estipulado en sus convenios de prestación de servicios, un número determinado de horas, así como la tarifa horaria correspondiente, y que desde finales de 2006 y durante el año 2007 se produjo una paralización de los trabajos concertados. En concreto, de 4.130 horas vendidas, habrían sido facturadas sólo 1.942, y junto a ello se habrían prestado 377 horas gratuitas. Este informe también pone de relieve que, durante el año 2006, el Departamento de Gestión, que dirigía el Sr. Jose Ignacio , había incurrido en un total de 4.235 horas no facturadas durante el periodo de análisis, siendo el porcentaje medio de las horas no facturadas respecto de las facturadas de un 22,48%, muy superior al permitido (4%). Este porcentaje se divide en un 6,33% de horas gratuitas y un 16,15% de horas de apoyo. Por contraste el porcentaje medio de horas no facturadas del Departamento de Gestión en el año 2007 fue del 11,88%, que se descompone en un 3,39% de horas gratuitas y un 8,49% de horas de apoyo. Lo que no ha logrado probar la actora es que estos clientes a quienes no se les facturaron más horas, ya sea porque no se prestaron ya sea porque se les prestaron como gratuitas, fueron aquellos que luego pasaron a contratar estos servicios de consultoría con tactio. De ahí que, en todo caso, lo expuesto hasta ahora tendría relevancia para fundar una reclamación contra el Sr. Jose Ignacio por un cumplimiento defectuoso de su relación contractual, pero no sirve para fundar o justificar que haya servido a la captación de clientela mientras los demandados trabajaban para CEDEC.
La Audiencia está exigiendo que los clientes pasaran a ser clientes del demandado. Sin embargo, luego aprecia la competencia desleal añadiendo:

“…aunque no existe una prueba directa de que los beneficiarios de las horas no facturadas fueron luego clientes de tactio y que, por lo tanto, ello era un artificio para dicha captación, cabe presumirlo a la vista de lo que acabamos de relatar, de la forma clandestina en que los demandados pergeñaron la salida de CEDEC y la constitución de tactio, que en los primeros meses estuvo dirigida por ellos a través de un testaferro ( Don. Victorino ); de la anormalidad que supone el tanto por ciento de horas gratuitas prestadas durante la segunda mitad del año 2006, en relación con lo previsto y con lo ocurrido en el año siguiente; de la bajada de facturación sufrida por CEDEC durante el año 2006 y el 2007 (7.679.218 euros y apenas 7 millones respectivamente, en relación con 8.395.057,51 euros del año 2005).”
De este modo podemos concluir que los demandados han llevado a cabo una conducta contraria a la buena fe, al aprovecharse de forma indebida del esfuerzo ajeno, de CEDEC, para la que trabajaban o prestaban servicios, para lograr que la empresa que constituían (tactio) estuviera en condiciones de competir con CEDEC de forma anormal.
Al final, la sentencia acaba condenando a los demandados por el beneficio conseguido a costa de los antiguos clientes del demandante, valorándolos en 12.250’82 euros, cantidad que se nos antoja pequeña para el perjuicio causado al demandante.
En conclusión: en estas situaciones, hay que tener muy bien recopiladas las pruebas, y en el caso de obtener una sentencia condenatoria, las indemnizaciones suelen ser pequeñas para el perjuicio que se causa.  A los empresarios les aconsejaría, en la medida de lo posible, más medios preventivos para evitar estas  situaciones  por que las condenas son difíciles y poco indemnizatorias, en relación al perjuicio causado.

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Propiedad Intelectual e Industrial

CUESTIONES BASICAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

 

¿Qué es la Propiedad Industrial?
La Propiedad Industrial es la rama jurídica del Derecho que establece la protección jurídica de las marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
¿Qué es una marca?
La marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Marcas.
Para obtener el derecho de marca es necesario solicitar la marca ante una Oficina de Marcas y obtener su registro. Las marcas son un derecho territorial, por tanto, la solicitud de marca se efectúa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas Española si se quiere obtener una marca española o ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior si desea registrar una marca comunitaria. También puede designarse una solicitud/registro de marca española y comunitaria a otros países mediante el Arreglo y el Protocolo de Madrid, así como también solicitar la marca directamente ante la Oficina de Marcas de un Estado en concreto.
Antes de solicitar la marca hay que decidir la actividad a designar por la marca conforme la Clasificación de Niza y decidir si se desea obtener una marca denominativa, figurativa/gráfica o mixta.
La solicitud de marca permite a su titular, conforme el artículo 34 de la Ley de Marcas, prohibir su uso a terceros.
¿Qué es una patente?
La patente es el título de Propiedad Industrial que protege las invenciones industriales. Para obtener una patente es necesario solicitarla ante la Oficina de Patentes del Estado donde se quiere tener la protección jurídica de patentes. En el caso de España, se solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Los requisitos para la concesión de una patente son que la invención sea nueva, tenga actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la fabricación, ofrecimiento y comercialización de la patente, de acuerdo con el artículo 50.1 de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad.
¿Qué es un modelo de utilidad?
El modelo de utilidad es la protección jurídica que otorga la Ley de Patentes a las invenciones nuevas con implicación de actividad inventiva consistentes en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, tal y como establece el artículo 143.1 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
Es un derecho territorial propio del Estado Español y, por ello, su concesión se solicita en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El modelo de utilidad concede a su titular los mismos derechos que la patente de invención, según el artículo 152.1 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
¿Qué es un diseño industrial?
El diseño industrial es la protección jurídica de los diseños que sean nuevos y posean carácter singular, conforme el artículo 5 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Si se quiere obtener la protección de un diseño industrial a nivel territorial española se solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si el ámbito territorial que se quiere obtener es el de la Unión Europea se solicita ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
El registro del diseño español confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
¿Qué es la Propiedad Intelectual?
La Propiedad Intelectual es la rama jurídica del Derecho que establece la protección jurídica de las creaciones humanas originales.
El derecho de autor se otorga al autor sobre su obra creada por el solo mero hecho de crearla, según establece el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición de la obra y el derecho exclusivo a la explotación de la misma, conforme el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, no resultando obligatorio el registro de la obra en ningún Registro.
Para que una obra sea protegida por la propiedad intelectual se requiere que sea original y expresa. Originalidad en el sentido que sea una creación fruto del intelecto humano y expresión en cuanto la obra debe estar plasmada, las ideas no se protegen.
Los derechos de carácter personal son los denominados derechos morales que corresponden al autor; son unos derechos irrenunciables e inalienables, según establece el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Los derechos de carácter patrimonial son los denominados derechos de explotación consistentes principalmente en los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, conforme los artículos 17 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual otorga protección jurídica también a las siguientes creaciones:
– Las colecciones y bases de datos si éstas por la selección o disposición de sus contenidos constituyen creaciones intelectuales, acorde con el artículo 12.1 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
– Los programas de ordenador entendidos como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informática para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuera su forma de expresión y fijación. También se protege la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso de un programa de ordenador. Los programas de ordenador se regulan en el Título VII del Libro I del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
– Los derechos conexos de los artistas, intérpretes o ejecutantes como las personas que representan, cantan, recitan, interpretan o ejecutan en cualquier forma una obra. El Libro II del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual regula tales derechos conexos.
– Otras creaciones como los productos de fonogramas, las grabaciones audiovisuales, la mera fotografía y el derecho sui generis de las bases de datos, según prevé el Libro II del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.