Preferentes: Catalunya Banc condenado en Barcelona

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El Juzgado de 1ª Instancia de Barcelona nº 10 ha declarado la nulidad de un contrato de participaciones preferentes de Catalunya Bank, ordenando la recíproca restitución de prestaciones,  con condena en costas para el banco, en sentencia de 25 de Septiembre de 2013.

 

Los demandantes solicitan la nulidad contractual alegando falta de información que provoca un vicio en el consentimiento: Creían que se trataba de un depósito inmediatamente disponible, equiparable a una imposición a plazo.  Las participaciones preferentes les fueron ofrecidas y aconsejadas por el director de la sucursal, de la que eran clientes desde 1994.  En cuanto a su perfil, su profesión es de conductor y dependienta, por lo que no tienen experiencia financiera.

 

El banco alega caducidad de la acción, que fueron los mandantes los que ordenaron la compra sin asesoramiento, que se confunden los términos “perpetuo” con “ilíquido”, que la entidad informó adecuadamente, que los demandantes van contra sus “actos propios”, que el banco cumplió todas sus obligaciones contractuales y por último se niegan los perjuicios que se invocan.

 

La Magistrada-Juez descarta en primer lugar la caducidad, pues el plazo de 4 años establecido por el artículo 1301 del Código Civil se interpreta de forma constante por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 11 junio de 2013) en el sentido de que no es lo mismo perfección que consumación. La consumación se produce cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes y si las participaciones preferentes son perpetuas, no tienen plazo de vencimiento y no caduca su acción para solicitar su anulación.

 En cuanto al perfil del demandante, son consumidores y minoristas.

La suscripción de las participaciones preferentes es un contrato tipo, elaborado por la demandada, en el que los demandantes no intervinieron ni en la redacción ni en la negociación de ninguna de las cláusulas.

 Es un hecho probado que la iniciativa de la operación nace de la parte demandada.

 Por otra parte, se trata de un producto complejo y de alto riesgo.

 En cuanto a la regulación aplicable en la fecha de contratación (año 2001) se debía estar a lo dispuesto por la LMV en su redacción anterior a la reforma por ley 47/2007 y por el RD 629/1993 que establecía la obligación de diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión ordenada y prudente cuidando de los intereses del cliente como propios.  El RD 629/1993 desarrolló en su anexo un código de conducta que obliga a proporcionar al cliente toda la información que pueda ser relevante para tomar la decisión de inversión. También obligaba en su artículo 4º a que el banco se informase sobre su clientela, situación financiera, experiencia invasora y objetivos de inversión.  La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva.

 

Corresponde a la demandada acreditar que cumplió sus obligaciones de información: la jurisprudencia es unánime al respecto (ST de la AP Asturias 16 de septiembre de 2011, STS 27 de enero de 2003).

 

De la prueba practicada se concluye que el banco no cumplió sus deberes de información en aspectos tan esenciales como el riesgo del producto, el carácter perpetuo, la posibilidad de perder todo el capital.

 

Por otra parte en la recepción de los intereses y los extractos periódicos no hay subsanación alguna. La confirmación o convalidación de un contrato anulable exige según el artículo 1311 del Código Civil que el vicio originante (el error) de la invalidez haya cesado, lo cual no ocurría cuando se percibieron los rendimientos.

 

En conclusión, se estima la demanda, se declara la nulidad de la orden de adquisición de participaciones preferentes y se ordena la recíproca restitución de prestaciones, con abono de intereses legales desde la suscripción y con condena en costas para el banco.

 

 

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