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Sentencia del Tribunal Supremo sobre Preferentes

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Sentencia del Tribunal Supremo sobre Preferentes

 

 El Tribunal Supremo se ha condenado al BBVA a indemnizar a un matrimonio  de Valencia con casi 300.000 euros por los daños y perjuicios causados por colocarles participaciones preferentes de Lehman Brothers.

  

El caso es el siguiente:  El matrimonio demandó en su día al BBVA en reclamación por 291.488 euros en concepto de daños por incumplimiento del contrato de gestión de su cartera de inversión, al haber comprado participaciones preferentes de Lehman Brothers Capital Funding II, sin cumplir con la diligencia de información y ser un producto de alto riesgo no adecuado al perfil de los actores.  El banco se opuso.

  El Juzgado de Primera instancia 27 de Valencia estima la demanda y condena al banco.  El BBVA interpone recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.  La Audiencia Provincial de Valencia da la razón al BBVA, que dice que se trata de un contrato semejante al de mandato y comisión mercantil, que no estaban en vigor la ley 47/2007 que trasponía las normas MIFID, que no hubo falta de información ni extralimitación en el mandato.

 El matrimonio recurre ante el Tribunal Supremo, que condena al BBVA a devolverles 291.488 euros,  basándose en los siguientes motivos:

 

El banco informó “de forma deficiente a los clientes” y además les colocó unos productos de alto riesgo a inversores minoristas, lo cual es “una contradicción palmaria incoherente e injustificada”.  Se produjo un “incumplimiento grave” de los deberes exigibles al banco. La Sala advierte que cualquier entidad que venda preferentes, en la medida en que son productos “complejos y de alto riesgo” debe explicar “activamente” a los posibles compradores si realmente resultan coherentes con su perfil, con arreglo a su experiencia inversora, objetivos de inversión, capacidad financiera y preferencias. Su información deberá ser “transparente y de fácil comprensión, haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva y de manera muy especial, cuando se trate de activos de riesgo. La obligación del banco es “activa”: no es suficiente con la “puesta a disposición” de la información. El banco debe “observar criterios de conducta basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y en definitiva, cuidar los intereses de los clientes como si fuesen propios”.

 

El hecho de que uno de los demandantes fuese empresario “no presupone conocimientos avanzados sobre los riesgos específicos de productos financieros y valores negociables complejos”.

 En definitiva, se condena al banco como responsable por los daños causados.

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197 Demandas por preferentes en los Juzgados de Valencia entre febrero y mayo de 2013

 

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197 Demandas por preferentes en los Juzgados de Valencia entre febrero y mayo de 2013

 

Entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2013 se han registrado 197 demandas en los juzgados de Primera Instancia de Valencia relacionadas con las participaciones preferentes, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 

El reparto por demandados es el siguiente:

  • Bankia: total 144 demandas, el 73,10%.
  • Bancaja: total 30 demandas, el 15,23%.
  • Banco de Santander: total 8 demandas, el 1,52%.
  • CAM: total 3 demandas, el 1,52%.
  • Novagalicia: total una demanda, el 0,51%.
  • Otros: total 11 demandas, el 5,58%.

 

 El TSJCV indica que los jueces han mostrado su “preocupación ante el constante incremento de presentación de este tipo de demandas” así como de algunas “otras relacionadas igualmente relacionadas con complejos productos bancarios que han provocado importantes pérdidas de capital a quienes los suscribieron”.

 

Según el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, se han iniciado una serie de iniciativas de análisis para la mejor forma de organizar esta entrada de asuntos.

 

El próximo martes se celebrará una junta para estudiar la clasificación de este tipo de asuntos y su reparto entre los distintos juzgados.

 

 

Mañana lunes, comentaré una sentencia del Tribunal Supremo, recaída sobre el tema de preferentes, que procedía de la Audiencia Provincial de Valencia.

 

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Obligaciones subordinadas: Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo

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Obligaciones subordinadas: Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo

 

Muy recientemente, la Audiencia Provincial de Oviedo, se ha pronunciado en un caso sobre obligaciones subordinadas, en este caso de Cajastur, aunque el razonamiento jurídico bien podría ser aplicable a otros casos como el de las obligaciones subordinadas del Banco de Valencia. Los intereses de los demandantes fueron defendidos por el abogado de Oviedo Jorge Alvarez de Linera Prado.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo es de fecha 15 de marzo de 2013. Confirma la sentencia del juzgado de primera instancia, que declaraba la nulidad del contrato de adquisición de “obligaciones subordinadas Cajastur” y  condenaba al banco a devolver el dinero a los demandantes.

Los demandantes tenían la intención de realizar una imposición a plazo fijo, garantizada al 100% en capital e intereses, con un período aplazado de uno o dos años, pudiendo recuperar el dinero con una penalización en los intereses, y sin embargo, cuando les hizo falta el dinero, se encontraron con que no podían recuperar el mismo hasta el vencimiento, o intentando vender en el mercado secundario podría ocurrir que no se encontrase comprador, o  que se vendiese con una pérdida superior al 20%.

La sentencia indica que la deuda subordinada es un producto MIFID clasificado como producto complejo de riesgo medio.  Esto significa que para su comercialización, es necesario que el cliente realice un test de conveniencia, para ver si el cliente comprende y asume los riesgos que conlleva el producto.

En la sentencia, fue muy relevante el testimonio del encargado de la sucursal que manifestó que el capital era líquido al año y que se podía recuperar.

Por otra parte, la carga de la prueba sobre la correcta información, y sobre todo en el caso de productos de inversión complejos, corresponde a la entidad financiera, por ser ella la que tiene la obligación legal de informar y por no poderse imponer al inversionista la carga de probar un hecho negativo, la no información.

La demandada (Cajastur) no cumplió adecuadamente con su obligación de evaluación previa de los demandantes. Esto llevó a que el consentimiento de los demandantes estuviese viciado por un error esencial y excusable.

Cabe destacar también que en este caso, los demandantes son un matrimonio con régimen económico de sociedad de gananciales: la información, debió de darse a los dos y los dos deberían haber hecho el test de conveniencia.

En definitiva, existe la posibilidad de recuperar su dinero invertido en obligaciones subordinadas, pero tendrá que acudir a la vía judicial.

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