
¿Han realizado transferencias desde su cuenta bancaria sin su autorización y la entidad se niega a devolverle el dinero? Un abogado reclamar transferencia bancaria no autorizada puede analizar las circunstancias del fraude, la documentación disponible y la respuesta del banco para valorar las posibles vías de reclamación. La Sentencia 282/2026 de la Audiencia Provincial de Zamora examina la responsabilidad de una entidad bancaria por dos transferencias no consentidas y recuerda la importancia de determinar quién debe probar la autorización de las operaciones y la posible negligencia grave del cliente.
Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Audiencia Provincial de Zamora.
- Sección: 1.
- Fecha: 11 de septiembre de 2026.
- Nº de Resolución: 282/2026.
Antecedentes
El 31 de agosto de 2021, sobre las 11:00 horas, D.ª Cándida consultaba sus cuentas a través de la plataforma de banca digital de la entidad UNICAJA BANCO, S.A.
En ese contexto, se ejecutaron sin su conocimiento ni consentimiento dos transferencias bancarias no autorizadas por importes de 4.870 euros y 4.200 euros a favor de personas y cuentas totalmente desconocidas, generándose además 45,35 euros en concepto de comisiones por su ejecución.
Ese mismo día y de forma inmediata, la clienta se personó en la sucursal de la entidad para alertar del fraude y solicitar la anulación de las operaciones, procediendo a continuación a interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.
La entidad bancaria atribuyó inicialmente el incidente a una infección del equipo informático de la usuaria por un programa malicioso (malware).
Para rebatir dicha afirmación, la afectada contrató un peritaje informático independiente que constató que el ordenador carecía de cualquier vestigio de ataque o programa malicioso, contando con el sistema operativo y el antivirus plenamente actualizados.
Pese a las inmediatas notificaciones y a las posteriores reclamaciones ante el Servicio de Atención al Cliente y el Banco de España, la entidad rehusó restituir los fondos sustraídos y cobró a la clienta una comisión adicional de 10 euros por la gestión infructuosa de anulación.
Ante esta negativa, la afectada interpuso demanda judicial reclamando la suma total de 9.135,35 euros.
Tramitación Judicial
Primera instancia
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zamora (Plaza n.º 4 / Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Zamora, autos de procedimiento ordinario 613/2023) dictó la Sentencia n.º 300/2025 el 22 de septiembre de 2025 desestimando la demanda.
El juzgado de origen absolvió a la entidad bancaria al presumir que la cliente incurrió en negligencia por acceder presuntamente a través de un enlace externo no seguro y facilitar los códigos de confirmación.
Audiencia Provincial
D.ª Cándida interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción de las normas imperativas de distribución de la carga de la prueba en materia de servicios de pago.
La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Zamora ha estimado el recurso de apelación, revocando íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia radica en determinar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago en supuestos de operaciones bancarias no autorizadas bajo el Real Decreto-ley 19/2018 y la Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2).
Se analiza si la mera acreditación técnica del registro y autenticación de las transferencias (mediante claves de acceso o SMS con clave de un solo uso – OTP) exime de responsabilidad al banco, o si la entidad asume una responsabilidad cuasi-objetiva que le obliga a devolver de inmediato los fondos, salvo que pruebe de forma cumplida la existencia de un fallo técnico, una deficiencia del servicio o la concurrencia de fraude o negligencia grave imputable al usuario.
Razonamiento del Tribunal
La Audiencia Provincial considera que la autenticación técnica de una transferencia no demuestra, por sí sola, que el cliente haya prestado su consentimiento. Conforme al régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, corresponde al proveedor de servicios de pago acreditar los extremos legalmente exigidos para determinar la autorización de la operación y la posible responsabilidad del usuario.
En este caso, la Sala aprecia que la entidad bancaria no acreditó la negligencia grave imputada a la clienta y concluye que procedía estimar la reclamación atendiendo a las circunstancias y a las pruebas aportadas al procedimiento.
La ratio decidendi de la sentencia establece que:
“el que la entidad bancaria acredite que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, no es suficiente para eximirle de responsabilidad”.
Asimismo, en cuanto al régimen de responsabilidad del proveedor de servicios de pago, el tribunal enfatiza que:
“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.
Para fundamentar su decisión, la Sala invoca la doctrina fijada por los siguientes órganos judiciales:
- Tribunal Supremo: STS (Sala Primera) de 9 de abril de 2025 (ROJ: STS 1671/2025).
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea: STJUE de 2 de septiembre de 2021 (asunto C-337/20).
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial de Zamora estima el recurso de apelación interpuesto por D.ª Cándida y revoca en su totalidad la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Zamora.
La Sala estima íntegramente la demanda y condena a UNICAJA BANCO, S.A., a abonar a la actora la cantidad de 9.135,35 euros, más las comisiones cobradas (tanto por las transferencias como por los intentos de anulación) e incrementadas con los intereses legales desde la fecha de los cargos en cuenta.
Se imponen a la entidad demandada las costas procesales de la primera instancia, sin hacer especial pronunciamiento sobre las de la alzada.
Conclusión
La Sentencia 282/2026 de la Audiencia Provincial de Zamora analiza la responsabilidad bancaria por dos transferencias que la clienta negó haber autorizado.
El registro y la autenticación de las operaciones no bastan, por sí solos, para acreditar el consentimiento del usuario.

