Bonos Barclays: Nueva condena en Navarra

bonos estructurados

 

La Audiencia Provincial de Navarra ha declarado la responsabilidad de  Barclays en la comercialización de Bonos RBS-BBVA-SAN, condenando a la correspondiente indemnización, en sentencia de 24 de noviembre de 2014.

A un cliente, le colocaron en febrero de 2008, bonos autocancelables RBS-BBVA-SAN Cupón 36%. Al vencimiento,  había perdido casi la totalidad de su capital.  Ante la imposibilidad de encontrar una solución, demanda al banco.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona, estima la demanda, declara la nulidad de la compra del Bono Autocancelable RBS-BBVA-SAN y condena al banco a abonar al cliente 18.032 euros en concepto de daños y perjuicios.

Barclays apela ante la Audiencia, alegando errónea valoración de la prueba, caducidad e infracción del artículo 1303 del Código Civil con relación a los efectos de la declaración de nulidad (pues el código civil ordena la restitución de prestaciones, mientras que en la sentencia de primera instancia, se condena a una indemnización por daños y perjuicios).

La Audiencia Provincial de Navarra, en primer lugar aclara las relaciones jurídicas que se establecen en el caso:  Por una parte está el emisor, la Societé Genérale, que es la receptora del capital invertido, y por otra está Barclays, que es la comercializadora.

Para la Audiencia, por el principio de relatividad de los contratos del artículo 1.257 del C.Civil, no puede prosperar una acción de nulidad o anulabilidad frente a una entidad que no es parte en el contrato ni pretender la restitución de prestaciones  rente a una entidad (Barclays) que no las percibió.   Y si el demandante hubiese solicitado la nulidad del contrato de intermediación, en caso de estimarse la acción, solo hubiera podido percibir la restitución de la comisión de Barclays.  En resumen, se desestima la acción de nulidad.

Sin embargo, se ejercitó también de modo subsidiario una acción de responsabilidad contractual contra el banco, por los daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del deber de información, que sí es aceptada por la Audiencia.

Se analiza en primer lugar el tipo de contrato. Para la Audiencia, se trata de un contrato de gestión de carteras de inversión, cuya definición se recoge en la STS de 18 de abril de 2013: es…

 “aquel por el que una empresa autorizada a actuar profesionalmente en el mercado de valores (…) se obliga a prestar al inversor servicios de gestión personalizada, profesional y remunerada sobre los valores integrantes de la cartera del inversor, cumpliendo determinadas exigencias reforzadas de profesionalidad, información, buena fe, imparcialidad y diligencia, con arreglo al mandato conferido por el cliente, para que éste obtenga una mayor rentabilidad en sus actuaciones en el mercado de valores”.

Aunque a la fecha de la contratación del producto, (28 de noviembre de 2007) no era de aplicación el RD 217/2008 y por tanto no era necesario realizar test de conveniencia ni de idoneidad, el inversor gozaba igualmente de la protección que le otorgaba el RD 629/1993. Retomando la STS de 18 de abril de 2013, se afirma que:

“El suministro de una deficiente información por parte de la empresa que presta servicios de inversión al cliente puede suponer una negligencia determinante de la indemnización de los daños y perjuicios causados”.”Este incumplimiento grave –del deber de información- de los deberes exigibles al profesional que opera en el mercado de valores en su relación con clientes potenciales o actuales constituye “el título jurídico de imputación” de la responsabilidad por los daños sufridos por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor de las participaciones preferentes”.

Para la Audiencia, hubo un déficit de información que determinó la producción de un daño resarcible:

1.- No se proporcionó información sobre todos los elementos esenciales ni en particular sobre los riesgos del contrato. Y la carga de la prueba de haber informado correctamente recae sobre el banco (SAP Valencia 26 de abril de 2006).

2.- El contrato de prestación de servicios de inversión a clientes minoristas viene redactado en una letra de tamaño tan reducido que es imposible saber si cumplen el contenido que debe incluir conforme a la Orden Ministerial de 25 de Octubre de 1995. Se califica literalmente como “ilegible”.

 3.- La orden de compra no indica la naturaleza del producto. Las condiciones provisionales y definitivas del producto no estaban firmadas por el actor y en las condiciones provisionales no se hace referencia al precio real de las acciones subyacentes.

4.- La “advertencia legal” del banco  no cumple las exigencias de claridad y precisión. Contiene vaguedades o declaraciones de conocimiento predispuestas por el banco y vacías de contenido al resultar contradichas por los hechos.

 5.- El bono estaba indebidamente catalogado: así se demuestra de la comunicación del propio banco dirigiéndose a la CNMV comunicándoles que ha detectado un error en la calificación de riesgo, asignándole un riesgo “2” (medio bajo), cuando lo procedente era un nivel “4” (alto).   Es difícil afirmar que la entidad bancaria informó al cliente de los riesgos del bono, cuando la propia entidad reconoce que cuando vendió el producto el riesgo estaba minusvalorado.

En definitiva, al haber incumplido sus deberes, se le declara responsable del daño sufrido por haber perdido un 90% del valor invertido, que es la cantidad que el banco debe abonar: 18.032 euros.  Se imponen las costas de la primera instancia al banco.

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