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Acciones Bankia (OPS): La primera en la frente

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El pasado 29 de diciembre se dictó la primera sentencia de una Audiencia Provincial estimando la nulidad de una colocación de acciones de Bankia en la Oferta Pública.

La Audiencia Provincial de Valencia declaró la nulidad en base fundamentalmente a las incorrecciones del resumen del folleto de emisión.

Esta sentencia es muy importante por que al estar la sede social de Bankia en Valencia, cualquier demanda en toda España puede presentarse ante los tribunales de la capital del Turia y en caso de apelación, pasaría por esta Sala, cuyo criterio sobre la nulidad ya se ha puesto de manifiesto.

En el caso de las sentencia, unos clientes demandan al banco tanto por la colocación de 7.800 en participaciones preferentes como por 4.425 euros invertidos en la Oferta Pública de Suscripción de acciones Bankia.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la nulidad de la compra de las participaciones preferentes, pero desestimó la de las acciones Bankia, basando su razonamiento en que las acciones se consideran un instrumento financiero “no complejo”, por estar negociadas en un mercado regulado y ser un activo conocido por el público.

Los clientes recurren ante la Audiencia Provincial solicitando la declaración de nulidad de la compra de acciones de Bankia en la OPS.

La Audiencia destaca que nos encontramos ante una Oferta Pública de Suscripción, situación en la cual, el legislador impone un deber específico de información con una regulación concreta sobre el folleto informativo: El inversor toma su decisión basándose en la información proporcionada en el Folleto.
La regulación se recoge en la Ley del Mercado de Valores (artículos 27 y siguientes) y en el RD 1310/2005, que desarrolla la Directiva 2003/71.
Además, el inversor confía en que los datos del folleto se supervisan por el organismo regulador del mercado, en este caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por tanto, es evidente que los datos del emisor deben ser reales, veraces, objetivos y actualizados. La propia LMV establece en su artículo 28 la responsabilidad del emisor por la información del folleto, obligándole al pago de los daños y perjuicios causados como consecuencia de las inexactitudes u omisiones en el mismo.
Los demandantes no utilizan esta vía legal sino que reclaman la nulidad contractual por vicio en el consentimiento de los artículos 1265, 1266 y 1300 del Código Civil. Para la Audiencia, la existencia de la vía del artículo 28 de la LMV, no impide el uso de la acción de nulidad por error en el consentimiento.
La supervisión de la CNMV no implica que los datos sean correctos o reales. Sin embargo, el inversor que compra acciones de Bankia en la OPS  debe fiarse de la información del Folleto, sin que le sea exigible una mayor labor de investigación o comprobación.
El cumplimiento del deber de información corresponde probarlo al banco. Y del informe pericial aportado con la demanda, resulta que frente a los beneficios publicitados en el folleto de 309 millones de euros, en las cuentas anuales aparecen 3.030 millones de pérdidas reales: es evidente que la situación no era de solvencia. Y es un hecho notorio que meses después se necesitó una multimillonaria inyección de capital público, so pena de entrar en concurso de acreedores:

“(…) la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor, no fueron reales, no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real (…)”

Y es la entidad financiera la que debería acreditar que esos datos eran correctos.

Además, la Audiencia puntualiza que para resolver este litigio civil, no es necesaria la existencia de una falsedad documental (es decir, no hay prejudicialidad penal, como ya confirmó mediante Auto la sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia).

Los demandantes incurrieron en un error esencial (pues invierten con la expectativa de solvencia y rentabilidad) y excusable (por que su fuente de información es el folleto redactado por el emisor y supervisado por la CNMV).

En definitiva, se estima la existencia de error en el consentimiento, se declara la nulidad de la compra de acciones de Bankia en la Oferta Pública de Suscripción,  se ordena la restitución de prestaciones, con imposición de las costas de la primera instancia al banco.

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