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Estructurados: BBVA condenado en Durango

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El Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Durango ha declarado la nulidad de un contrato estructurado “Multicupón” y ordenado la restitución recíproca de prestaciones con imposición de costas al banco, en sentencia de uno de julio de 2013.

 

El demandante, de formación albañil,  tenía un capital depositado en el BBVA, que le gestionaban en el banco. Estaba descontento con la gestión que le estaban realizando por lo que se disponía a retirar el dinero. En ese momento, el banco le ofreció el producto  “Contrato Financiero BBVA Multicupón” hablándole de una imposición a plazo fijo dependiente de valores cotizables en bolsa. Le dijeron que podía retirar el dinero cuando quisiera y contrató el producto estructurado. Alega que no se proporcionó la información adecuada.

 

El banco por su parte alega que el demandante sabía lo que contrataba y que contó con la información oportuna.

 

Analizando la legislación aplicable, la Ley 47/2007 exige el deber de transparencia y diligencia de las entidades, y en su artículo 79 bis sobre el deber de información exige que ésta permita al cliente “tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa” es decir, que el cliente debe conocer y comprender el alcance y contenido de la operación y el riesgo que asume.

 

El artículo 78 bis de la LMV ordena a las empresas de inversión recabar la información suficiente para clasificar a sus clientes en profesionales o minoristas, de manera que a los minoristas habrá que proporcionarles mayor información.

 

El artículo 79 bis de la LMV impone a estas entidades la obligación de mantener informados adecuadamente y en todo momento a sus clientes. La información deberá ser imparcial, clara y no engañosa.

 

El apartado 7 de este artículo obliga a la empresa a solicitar al cliente “que facilite información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión”.

 

El RD 21/2008  en su artículo 60, exige que la información sea exacta, suficiente y comprensible y que no ocultará, encubrirá o minimizará ningún aspecto declaración o advertencia importantes.

 

Posteriormente se regula el “test de conveniencia” para averiguar si el producto es ajustado al perfila del cliente.

 

En definitiva, el deber de información del banco es específico y amplio.

 

En el contrato, el banco incluye unas advertencias que parecen tener gran relevancia para que eluda cualquier responsabilidad, primando sobre la propia información acerca del mismo.

 

En el banco, se trababa del único contrato que habían hecho de este tipo en la sucursal. 

 

La prueba pericial fue muy importante, destacando que se trataba de una inversión compleja y especulativa, que había defectos como incumplimiento de la normativa de la CNMV sobre incorporación de un texto firmado y detallado conforme a la circular 3/2000 de 30 de mayo, la no inclusión de un cuadro con la explicación detallada de la evolución de la rentabilidad del producto, falta de expresión de los gastos de cancelación, procedimiento de colocación y régimen fiscal aplicable. Además el contrato siempre suponía una ventaja para el banco.

 

En resumen, hubo un error grave al contratar el producto estructurado por falta de información, se estima la demanda y se declara la nulidad del contrato.  Se ordena la restitución de prestaciones y se imponen las costas al banco.

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