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¿ES ANULABLE LA CLAUSULA DE SUELO?

En esta ocasión comentamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de 19 de noviembre de 2012 que anula una “cláusula de suelo” en un préstamo hipotecario concedido por una entidad bancaria a un particular, y le obliga a devolver las cantidades cobradas en exceso.

Un particular demanda en primera instancia a la Caixa Rural de Balears por considerar nula la cláusula de suelo de su préstamo hipotecario que decía literalmente: “El tipo de interés obtenido no podrá superar el tipo de interés pactado como moratorio ni ser inferior al 4,50 por ciento nominal actual”. Se alega que la limitación a la baja de las revisiones del tipo de interés es desequilibrada, por que beneficia solamente a la entidad financiera,  que la cláusula impugnada jamás fue objeto de negociación, que no formaba parte de los anuncios de la entidad demandada y que dicha estipulación es una condición general abusiva inserta en un contrato de adhesión.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma declara la nulidad de la cláusula  y condena a la entidad bancaria a devolver lo cobrado en exceso en virtud de la misma.

La Caixa Rural de Balears apela. La Audiencia Provincial de Palma, tras hacer un repaso a la jurisprudencia sobre el tema, confirma la sentencia de primera instancia, dando la razón al particular.  Cabe destacar los siguientes extractos:

“La existencia de una regulación normativa bancaria (…) no es óbice para que la LCGC sea aplicable a los contratos de préstamo hipotecario objeto de esta litis”.

“La existencia de pactos de limitación de intereses variables (cláusulas de suelo y techo) en la contratación de préstamos hipotecarios, está prevista y regulada el en anexo II de la OM de 5 de mayo de 1994 (…) por tanto su viabilidad legal es incuestionable en cuanto están previstas en la normativa sobre transparencia bancaria. Ello no impide que sean sometidas a un control de abusividad por los tribunales. Pero resulta dudoso que pueda hacerse una declaración de abuso con carácter general y abstracto. El carácter abusivo de estas cláusulas, en principio legales, ha de verificarse en un análisis individualizado de cada caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración y todas las cláusulas del contrato (art. 82.3 LCU). También ha de tenerse en cuenta cuando se trata de valorar si estos pactos son abusivos, que la OM de 5 de mayo de 1994 regula el iter negocial de la contratación, garantizando la transparencia y regulando los trámites necesarios para asegurar que el proceso de formación de la voluntad del prestatario se desarrolle libremente con el adecuado conocimiento y total información”.

“Como ya hemos dicho, esta era la realidad existente en el momento que se estipularon estas acotaciones a los tipos de interés variable, esas cláusulas limitativas que la entidad de crédito podía incluir en el contrato, no eran negociadas ni percibidas ni contempladas por el consumidor medio como parte integrante del precio. Las percibía en su caso, como una imposición o condición accesoria, ya que o bien la aceptaba, o bien no recibía el préstamo (…)”.
“Por tanto debemos concluir que no estamos ante una condición esencial del contrato, (…) en todo caso, aunque se partiera de ese carácter esencial, desde luego, no estaría excluido del control jurisdiccional de abusividad conforme a la Ley de CGC”.
“Una cláusula es abusiva, ex artículo 82 del TRLGDCU, cuando en contra de las exigencias de la buena fe, causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
Refiriéndose al pacto de cobertura de tipos de interés, dice:  “Para sostener la validez del pacto se exige que el mismo cubra aparentemente los intereses de uno u otro contratante para que no pueda ser atacado desde la perspectiva de falta de reciprocidad y en este punto, la entidad apelante ha actuado en contra de las exigencias de la buena fe, imponiendo una prerrogativa unilateral bajo una formal reciprocidad que encubre una real y clara desproporción”.

La Caixa Rural había establecido como techo el tipo de interés moratorio, (el 28%) lo cual es a todas luces desproporcionado y falto de reciprocidad.

En cuanto a si la entidad financiera demandada cumplió con las normas de transparencia y protección de consumidores y más concretamente, si tal estipulación fue libremente negociada, la Audiencia afirma que la parte demandada no ha cumplido con la carga de la prueba que le impone el artículo 82 de la LGDCU.

En conclusión, desestima la apelación pero no condena en costas a la entidad financiera por haber discrepancias doctrinales sobre el tema. El tema no es pacífico, por que en cada caso concreto hay que estudiar las circunstancias que se dan.

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