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Reclamar el Seguro: Legitimación del Beneficiario

 

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¿Puede el beneficiario reclamar al seguro la nulidad de otras cláusulas, además de la indemnización?

 

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A menudo se cuestiona la posibilidad de que el beneficiario de un seguro de vida pueda reclamar por otras cláusulas de la póliza. En numerosos contratos de seguro, se aplican aumentos de prima irregulares, se introducen cláusulas con plazos de prescripción inferiores a los legales y otras cláusulas que infringen la normativa aplicable. Las aseguradoras se intentan defender alegando que el beneficiario que no es heredero del fallecido, no tiene legitimación activa para reclamar esas estipulaciones.

El principal argumento para la legitimación activa de los beneficiarios se encuentra en el artículo 7.3 de la Ley del Contrato de Seguro. Dicho artículo dispone que

Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida.”

A continuación, recogemos una serie de resoluciones en las que se reconoce la legitimación activa del beneficiario para reclamar judicialmente tanto el importe de la indemnización, como otras cuestiones relacionadas con el contrato de seguro.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Melilla 86/2022, de 13 de diciembre, sección 7.ª

La AP de Melilla, en esta resolución, resolvió un litigio acerca de un contrato de préstamo y un seguro de vida vinculados. La entidad bancaria condicionó la concesión del préstamo a la suscripción del seguro y se designó beneficiaria del mismo, por lo que la Sala consideró que era contrario a la buena fe que, producida la muerte o invalidez del asegurado, el banco pudiera decidir libremente entre exigir el capital pendiente al cónyuge viudo, al inválido o a la aseguradora. Ahora bien, lo que resulta relevante para nuestro caso es que la AP reconoció que el beneficiario de un seguro, ya sea entidad de crédito o persona física, está legitimado para exigir la indemnización:

“Acaecido el evento cubierto, corresponde al asegurado o, en su caso, al beneficiario, ejercitar las acciones encaminadas al cumplimiento por el asegurador de su deber de indemnizar.”

En este párrafo se hacía referencia a la legitimación activa del beneficiario para exigir la indemnización a la aseguradora. Sin embargo, la AP declaró que la legitimación del beneficiario es más amplia:

“En tal situación, sobre la posición de la entidad prestamista/tomadora del seguro frente al prestatario/asegurado cuando ocurre el siniestro objeto de cobertura y contra quien tiene acción el banco para reclamar la devolución del préstamo, «el art. 7 LCS prevé que el tomador del seguro puede contratar el seguro por cuenta propia o ajena; si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado, como por ejemplo la comunicación de la producción del siniestro. Asimismo, el citado precepto establece que “los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario…

En otras palabras, el beneficiario ostenta, igual que el asegurado, los derechos derivados de la póliza de seguro, por lo que está legitimado para reclamar cualquier cuestión relacionada con el contrato que pueda afectar a sus derechos, como la nulidad de algunas cláusulas. El tribunal mencionó explícitamente el art. 7 LCS, al que ya hemos hecho referencia, para apoyar su argumentación.

Sentencia de la Audiencia Provincial de León 299/2023, de 31 de octubre, sección 2.ª

La AP de León se apoyó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el art. 7 LCS para argumentar que el alcance de la legitimación activa del beneficiario abarca todos los derechos inherentes al contrato de seguro. En esta línea, la parte beneficiaria siempre tiene un interés real, por lo que está legitimada para reclamar la indemnización, pero también otras cuestiones, como, por ejemplo, los intereses del art. 20 LCS:

“La STS de 14 de julio de 1987 contiene una doctrina clásica en la materia y suele ser de habitual cita en los casos en que se debate, como aquí, la legitimación del tomador del seguro. Dicha sentencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 25 y 26 LCS, establece que «lo esencial para la determinación legitimadora no es otro factor que el de interés en la obtención de la indemnización del daño«. Es decir, que tiene que acreditar un interés, ya sea por cuenta propia y directa -que procede de la titularidad sobre la cosa-, ya sea por razón de una eventual obligación frente a tercero… pero en todo caso interés. Ese interés es el que le otorga el carácter de asegurado pues como tal debe entenderse aquella persona que, precisamente por ser la titular del interés, está expuesta al riesgo de pérdida y tiene derecho al cobro de la indemnización si se produce el siniestro. Esta diferencia se observa claramente en el art. 7 LCS que distingue entre tomador del seguro, que es quien lo contrata y sobre el que pesan las obligaciones y deberes del contrato (fundamentalmente declaración del riesgo y pago de la prima,) y el asegurado y beneficiario, que son los titulares de los derechos que derivan del contrato.

En efecto, el art. 7 de la LCS, contempla la posibilidad de que se contrate un seguro no por cuenta propia sino por cuenta ajena, de manera que en tales casos el interés asegurado no estará en el patrimonio del tomador del seguro sino en el de un tercero como es la persona asegurada, siendo este último el titular de tal interés. Y es por ello que el párrafo tercero de la norma establece que «Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida».”

Sentencia del Tribunal Supremo 528/2018, de 26 de septiembre, sección 1.ª

El Tribunal Supremo se pronunció en esta sentencia acerca de la legitimación activa del beneficiario y del asegurado, respectivamente. Las partes habían suscrito un seguro de vida e incapacidad en garantía de un crédito, por lo que el tribunal se refirió al concepto de “vidas paralelas” para definir la relación entre ambos negocios jurídicos. Además, declaró que el asegurado tiene legitimación activa para reclamar el cumplimiento del contrato, sin perjuicio de sus obligaciones respecto al beneficiario. Destacó la Sala que ambos tienen una legitimación alternativa, que habilita al asegurado a reclamar la indemnización si el beneficiario no lo ha hecho, siempre que se respeten los derechos del beneficiario:

“1ª.) Como se afirma en el recurso, cuando se dictó la sentencia recurrida (21 de enero de 2015) existía ya una consolidada doctrina jurisprudencial, contenida en las sentencias que se citan además de en alguna otra como la 669/2014, de 2 de diciembre, todas ellas sintetizadas en la más reciente sentencia 222/2017, de 5 de abril, según la cual en casos como este de seguros de vida e incapacidad vinculados a un préstamo, en los que el primer beneficiario designado en la póliza es la propia entidad prestamista (además aquí tomadora), procede reconocer legitimación activa al prestatario asegurado (tomador o no) para reclamar de la aseguradora el cumplimiento o efectividad del contrato, sin perjuicio de sus obligaciones para con el beneficiario.

Resumidamente explicada, la razón de ser de esta doctrina se encuentra en que los seguros de vida e incapacidad concertados en garantía del crédito son negocios vinculados, con «vidas paralelas» (pues en la práctica su concesión se condiciona a que se suscriban tales garantías y no pocas veces, además, a que el prestatario concierte esos seguros con una compañía con la que la entidad prestamista esté negocial o societariamente vinculada), que responden a un interés compartido entre asegurador, tomador y asegurado, razones por las que esta sala ha considerado que no es «jurídicamente explicable» que, producido el siniestro (muerte o invalidez), la prestamista beneficiaria no reclame a la aseguradora y decida seguir exigiendo el pago del capital pendiente al prestatario o prestatarios asegurados. De ahí que, reconociendo que tanto el asegurado como el beneficiario tienen una legitimación alternativa y que el primero es también beneficiario «desde un punto de vista sustancial o material, y no puramente formal», se haya declarado que la inactividad del beneficiario permite al asegurado instar del asegurador «el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre ellas y como principal, el pago de la suma asegurada, sin perjuicio de respetar los derechos de la entidad prestamista beneficiaria» (sentencia 222/2017).

Conviene destacar que es irrelevante que el beneficiario se trate de una entidad prestamista o de una persona natural. Si el asegurado tiene obligaciones respecto al beneficiario en este caso, parece razonable asumir que el beneficiario ostenta una serie de derechos que no se reducen al cobro de la indemnización, sino que implican, entre otras cosas, la legitimación para reclamar la nulidad de cláusulas o los intereses del artículo 20 LCS.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 71 de Madrid 190/2019, de 12 de septiembre

De esta resolución nos interesa el siguiente párrafo:

“En cuanto a los intereses a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, producido el siniestro objeto de cobertura, nace la obligación de la compañía aseguradora de indemnizar el daño producido, dentro de los límites de la cobertura obligación indemnizatoria que nace del propio contrato de seguro y de la ley 50/1980, de 8 de Octubre reguladora del Contrato de Seguro, tanto para los que son parte de la relación contractual como para el tercer perjudicado o el beneficiario. Cuando la compañía aseguradora incumple su obligación de indemnizar y el plazo para el pago nace una responsabilidad por mora, prevista legalmente en el apartado tercero del ya citado artículo 20 de la LCS, teniendo el asegurado, el tomador, el tercer perjudicado o beneficiario no sólo la facultad de exigirle el pago de la indemnización derivada del siniestro, sino también el derecho a solicitarle una indemnización por morosidad en concepto de intereses. El Tribunal Supremo viene conceptuando la indemnización por intereses de demora del artículo 20 de la LCS exigible a las compañías aseguradoras de carácter netamente sancionador, determinando que se trata de unos intereses punitivos, correctivos, de castigo, en base a distintos argumentos jurisprudenciales (…).”

El juzgado indicó explícitamente que el beneficiario tiene derecho a reclamar los intereses del artículo 20 LCS, en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La indemnización por intereses de demora, en palabras del TS, tiene una naturaleza sancionadora y una finalidad preventiva, dado que su objetivo radica en garantizar el cumplimiento contractual del asegurador. El beneficiario es uno de los sujetos que puede quedar perjudicado por el incumplimiento del asegurador, por lo que está legitimado para reclamar la indemnización por intereses.

Conclusión

El beneficiario del seguro tiene legitimación activa para reclamar al seguro tanto la indemnización como las otras cláusulas que afectan a su desarrollo, por tener un interés real y porque así lo establece el artículo 7.3 LCS.

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