Categorías
Bancario bonos estructurados Unit Linked

Unit Linked del BES: Confirmada indemnización por el Tribunal Supremo

Banco Espirito Santo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnización por los “Unit Linked” suscritos con el Banco Espirito Santo (BES) por 31 clientes, en Sentencia de 10 de septiembre de 2014.

Los “Unit Linked” son un seguro de vida en el que las aportaciones se invierten en determinados productos financieros, que pueden ser fondos de inversión, o como hizo en este caso el BES, productos estructurados complejos. Se han “colocado” por las entidades financieras aludiendo principalmente a sus (supuestas) ventajas fiscales.

 El banco colocó como seguros de vida lo que en realidad eran productos financieros estructurados de alto riesgo.

Estos  seguros “Unit Linked” tenían la peculiaridad de que se invertían en bonos emitidos por una tercera entidad que fue en unos casos “Lehman Brothers” y en otros, el banco islandés “Kaupfthing”.

La rentabilidad de estos bonos estructurados depende de la evolución de los valores subyacentes, que son acciones de empresas distintas de la entidad emisora.  De esta manera se unen varios riesgos: por una parte los del producto en sí mismo, con la posibilidad de que la acción esté por debajo de los límites y no se obtenga rentabilidad o incluso se pierda el principal.  Y a este riesgo se une el de la solvencia del emisor del bono El riesgo de insolvencia del emisor no tiene ningún tipo de cobertura  por fondo de garantía.

En las presentaciones del producto por el  banco a los clientes, no se identificaba el emisor del producto ni por tanto el riesgo de insolvencia del emisor.  En el impreso de solicitud del seguro tampoco se especificaba quien era el emisor del producto estructurado.  Sólo aparecía en unos anexos a una nota informativa.

En la confirmación de las condiciones particulares del Unit-Linked, se volvía a omitir la referencia  al emisor del producto.

A partir de septiembre de 2008 empieza a aparecer el nombre del emisor del producto y se indicaba que su valor era de cero euros.

El resultado fue la pérdida de lo invertido.

El banco ofreció una novación por otros productos a cambio de una renuncia a cualquier acción para exigir responsabilidad. Los demandantes no la aceptan y reclaman  ante el juzgado al BES y a la “Companhia de Seguros Tranquilidade-Vida S.A.”, perteneciente al grupo, solicitando la nulidad de los contratos de inversión y de los contratos de seguros o subsidiariamente, que se declarase  la responsabilidad civil subsidiaria de ambas compañías, con indemnización de daños y perjuicios.

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de San Sebastián estima la demanda y condena a la devolución de las cantidades principales con abono de intereses legales. Considera que hubo asesoramiento al cliente.  En la fase prenegocial la información fue incompleta, pues omitía el riesgo de la inversión, no explicaba la composición del producto estructurado ni su funcionamiento, omitía la identidad del emisor y ocultaba que aunque la rentabilidad del producto estructurado dependía de la evolución de los valores subyacentes, el riesgo de la inversión recaía sobre todo en la solvencia del emisor. Se inducía a pensar que BES respaldaba la seguridad del producto.

En la fase contractual, la información tampoco fue suficiente pues aunque los tomadores declaran conocer la póliza, ésta todavía no había sido emitida.   El Juzgado considera que hubo error excusable, al carecer los demandantes de altos conocimientos financieros.

 El BES y  la   “Companhia de Seguros Tranquilidade-Vida S.A.” interponen recurso de apelación.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa estima el recurso del Banco Espirito  y su aseguradora y revoca el fallo emitido en primera instancia. Considera que las omisiones en la información no eran suficientemente relevantes y el error no era sustancial

 Los clientes, interponen recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo.   El recurso de casación se basa en:

1.- Infracción de los artículos 1261, 1262, 1265, 1266, 1269 y 1270, con relación a 6.3 todos ellos del C.Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales en materia de nulidad del contrato por error en el consentimiento.

2.- Infracción por inaplicación del artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro con relación a Art. 60 de la Ley 30/1995,   de los artículos 60, 61, 62, 63, 80, 82, 83 y 89 del TRLGDCYU y  del artículo 8.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

3.- Infracción del artículo 79 de la LMV y los artículos 58 a 81 del RD 217/2008.

4.- Inaplicación del artículo 394.1 de la LEC en materia de costas.

El Tribunal Supremo se refiere a su Sentencia de 20 de enero de 2014, que recoge y resume la jurisprudencia en torno al error vicio. Y dice literalmente:

“En el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente no profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y los riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de información adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo (…).”

Añade que el error sobre el riesgo no es accesorio ni irrelevante sino que la regulación del mercado de valores exige una información completa y comprensible sobre éste. Y en el caso, no se informó sobre la identidad del emisor y su riesgo de insolvencia.  Esta omisión se considera esencial. Y el error es además excusable teniendo en cuenta el perfil no profesional de los clientes.  La LMV en su artículo 79 ya exigía a las entidades “asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados”. El Art. 12 de la Directiva 1993/22/CEE exige que se indique qué fondo de garantía o qué protección equivalente será aplicable (…) o bien que no existe fondo ni indemnización de ningún tipo. Además, el RD 629/1993, aplicable al caso, ya exigía una información clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo a sus clientes (Art. 5 de su anexo), extremo remarcado en el Art. 9 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de octubre de 1995.

 Y afirma literalmente:

 “El incumplimiento por las demandadas del estándar de información sobre las características de la inversión que ofrecían a sus clientes y en concreto sobre las circunstancias determinantes del riesgo, determina que el error sea excusable.”

Además se indica que las demandadas infringieron la obligación de informar a los potenciales clientes al ofertarles el producto con suficiente antelación respecto de la suscripción del contrato, con base en la exigencia del Art.5 del anexo al RD 629/1993.  Para que el consentimiento pueda formarse adecuadamente, la información debe proporcionarse con suficiente antelación.

Y para finalizar  dice:

“En definitiva, lo que vicia el consentimiento por error es la falta del conocimiento adecuado del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que determina en el cliente que lo contrata una representación mental equivocada sobre las características esenciales del objeto del  contrato, debido al incumplimiento por las empresas de inversión demandadas de los deberes de información que les impone la normativa del mercado de valores cuando contratan con clientes respecto de los que existe una asimetría informativa”.

Sigue insistiendo con que no bastan las advertencias genéricas de riesgo.

Por otra parte, haciendo referencia a la STS de 18 de abril de 2013, sobre los servicios de asesoramiento en inversiones, dice que los demandados incumplieron la normativa aplicable  con lo cual son responsables por el daño sufrido.

En definitiva, se estima el recurso de casación, y se confirma la sentencia del Juzgado de Primera instancia, sobre la base de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados con la colocación de los Unit Linked.

De esta Sentencia es destacable el hecho de que el Tribunal Supremo considere que si bajo la apariencia de un contrato de seguro lo que hay realmente es un producto financiero, se debe aplicar la Ley del Mercado de Valores.  Por otra parte, D. Sebastian Sastre Papiol, que fue durante muchos años asesor legal de La Caixa, emite un voto particular siendo su situación “comprometida” por su pasado, y teniendo La Caixa un saldo vivo de “Unit Linked” de más de 1.250 millones de Euros.

  Consulte su caso ahora 

Deja una respuesta