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Declarada la nulidad de dos contratos de intercambio de tipos cuotas (Swap) de Bankinter

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Calahorra ha declarado la nulidad de dos contratos de intercambio de tipos-cuotas (Swaps) de Bankinter en reciente sentencia de 28 de octubre de 2013.

 

 

Los demandantes  tenían una hipoteca en otro banco y decidieron cambiarla a Bankinter por que les ofrecía mejor diferencial de Euribor. Al formalizar la subrogación, el banco les ofreció un contrato de “Intercambio Cobertura Cuota Fija” como un seguro que no implicaría pérdidas ni gastos de cancelación, por lo que suscribieron el contrato.   Posteriormente, conocieron que no se trataba de ningún seguro sino que era un Swap o permuta financiera y podía acarrearles importantes pérdidas.  El matrimonio había comentado a otros amigos el cambio de hipoteca, que realizaron la misma operación de subrogación con otro contrato de swap.  En la demanda, reclaman la nulidad de los dos contratos de Swap, que les habían producido un perjuicio de 10.025 euros y 9.359 euros respectivamente.   Alegan que no se les informó con claridad ni por escrito ni verbalmente. Tampoco fueron informados del coste de cancelación.  Los actores son clientes minoristas sin conocimientos financieros ni experiencia en productos de inversión ni especulativos.  De haber sabido el contenido y efectos del producto y su coste de cancelación, no lo habrían contratado.

 

El banco por su parte dice que fueron los actores los que mostraron interés por el producto, y que entendieron perfectamente los contratos. Alega que prestaron válidamente su consentimiento sin que hubiese error, y en caso de que existiera, sería inexcusable. Afirma que fueron informados en varias reuniones y que se les informó también del coste de la cancelación anticipada.

 

La Juez en primer lugar analiza la naturaleza de los contratos: Son contratos de adhesión, sometidos por tanto a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.  Se trata de un producto complejo que requiere una especial labor de información por parte de la entidad bancaria.  Su regulación se encuentra en la Ley del Mercado de Valores y en el Real Decreto 217/2008.   La ley 36/2003 de Medidas de Reforma Económica instaba a las entidades financieras a que pusieran a disposición de sus clientes instrumentos que les permitiesen cubrirse de las subidas de tipos de interés.

El Real Decreto 629/1993, derogado por el Real Decreto 217/08 estableció un código general de conducta del que destaca la información de los clientes: Las entidades financieras deben suministrar a los clientes toda la información relevante para la adopción de sus decisiones, y debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo, haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos de alto riesgo. Cualquier previsión debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos (artículo 5.3).

 

El Real Decreto 217/08 insiste en el deber de fidelidad y en la adecuada información al cliente (artículo 60 y siguientes).

Además, los actores tienen la condición de consumidores por lo que se aplica el Real Decreto Legislativo 1/2007.

 

Los actores tienen la consideración de clientes minoristas, lo que impone un deber especial de información a la entidad financiera.

La juez no considera acreditado que el banco haya informado correctamente a los actores del contenido, efectos y riesgos del producto que contrataban, ni del coste económico de una cancelación anticipada del mismo.

Además la carga de la prueba de la adecuada información corresponde al banco.

La complejidad del unida a la insuficiente información proporcionada por el banco, determinaron que los actores sufrieran un error esencial y excusable, por lo que  se estima la demanda, se declara la nulidad de ambos contratos y se ordena la restitución recíproca de prestaciones, con condena en costas al banco.

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