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Estructurado Tridente: Condenado el Santander

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Se han comercializado en los últimos años, productos de gran complejidad financiera que han dado lugar a no pocos conflictos que acaban en los tribunales. En esta ocasión, revisamos un caso del “Producto Estructurado Tridente” del Banco de Santander.

 

 

Un matrimonio firma en noviembre de 2007 un “Producto Estructurado Tridente” con el Banco de Santander.  El producto consistía en lo siguiente: los demandantes entregaban al banco un capital (en este caso 500.000 euros) comprometiéndose éste a pagarles un rendimiento fijo trimestral del 2% durante 3 años y a devolver el principal en el momento de la cancelación del producto, que podía ser anticipada cada año, incrementado o minorado dependiendo de la evolución del precio en el mercado de tres acciones subyacentes, BBVA, Deutsche Bank y BNP Paribas. Se solicita la nulidad del contrato por error en el consentimiento.  Para los demandantes, existe además un contrato “encubierto” de asesoramiento, que aunque no de forma expresa, es el que habría dado lugar a la contratación de este “Tridente”. Por tanto, ese “mal asesoramiento” subsidiariamente daría lugar a la indemnización por daños y perjuicios.

 

El banco alega que los demandantes tienen gran experiencia inversora, que se informó detalladamente y se advirtió todo lo oportuno, que se les dijo que no era conveniente ni adecuado y que quincenalmente se les informó de la evolución de su inversión. Niegan incumplimiento alguno.

 

El Magistrado Juez analiza la normativa aplicable, que  por la fecha de contratación sería la Directiva 2004/39 CE de 21 de abril de 2004 y la Ley del Mercado de Valores en su redacción entonces vigente, que ya exigía a los bancos transparencia y diligencia en interés de los clientes, cuidando los intereses de los clientes como si fuesen propios y asegurarse de que disponían de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados entre otras.

La carga de la prueba, a tenor de lo establecido en el 217.3 de la LEC correspondía al Banco.

El banco se contradice al indicar que los demandantes tenían experiencia y conocimiento, y por otro les desaconsejó la inversión. El banco no calificó a los inversores como minoristas. El banco no acredita haber proporcionado a los clientes información adecuada. Ni haberse informado sobre los conocimientos de los clientes ni de su situación financiera, ni de sus objetivos de inversión. Tampoco se prueba que les advirtiera de que el producto no era adecuado para ellos. 

En el contrato se integran formalismos con los que el Banco pretende eximirse de toda responsabilidad, y habla de “rentabilidad negativa” sin decir “perdida de todo o parte del capital” que sería lo propio.

Por último, la información periódica es equívoca, pues se obvia la información acerca del valor de las acciones subyacentes.

 

En conclusión, se estima que el banco incumplió sus obligaciones legales y esto habría producido un error en los clientes, esencial y excusable, que da lugar a la nulidad del contrato.

 

Se condena al Banco a la devolución del importe invertido, a la restitución de los frutos, y al pago de las costas. Es la sentencia de 26 de julio de 2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Madrid.

 

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