Obligaciones subordinadas: Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo

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Obligaciones subordinadas: Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo

 

Muy recientemente, la Audiencia Provincial de Oviedo, se ha pronunciado en un caso sobre obligaciones subordinadas, en este caso de Cajastur, aunque el razonamiento jurídico bien podría ser aplicable a otros casos como el de las obligaciones subordinadas del Banco de Valencia. Los intereses de los demandantes fueron defendidos por el abogado de Oviedo Jorge Alvarez de Linera Prado.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo es de fecha 15 de marzo de 2013. Confirma la sentencia del juzgado de primera instancia, que declaraba la nulidad del contrato de adquisición de “obligaciones subordinadas Cajastur” y  condenaba al banco a devolver el dinero a los demandantes.

Los demandantes tenían la intención de realizar una imposición a plazo fijo, garantizada al 100% en capital e intereses, con un período aplazado de uno o dos años, pudiendo recuperar el dinero con una penalización en los intereses, y sin embargo, cuando les hizo falta el dinero, se encontraron con que no podían recuperar el mismo hasta el vencimiento, o intentando vender en el mercado secundario podría ocurrir que no se encontrase comprador, o  que se vendiese con una pérdida superior al 20%.

La sentencia indica que la deuda subordinada es un producto MIFID clasificado como producto complejo de riesgo medio.  Esto significa que para su comercialización, es necesario que el cliente realice un test de conveniencia, para ver si el cliente comprende y asume los riesgos que conlleva el producto.

En la sentencia, fue muy relevante el testimonio del encargado de la sucursal que manifestó que el capital era líquido al año y que se podía recuperar.

Por otra parte, la carga de la prueba sobre la correcta información, y sobre todo en el caso de productos de inversión complejos, corresponde a la entidad financiera, por ser ella la que tiene la obligación legal de informar y por no poderse imponer al inversionista la carga de probar un hecho negativo, la no información.

La demandada (Cajastur) no cumplió adecuadamente con su obligación de evaluación previa de los demandantes. Esto llevó a que el consentimiento de los demandantes estuviese viciado por un error esencial y excusable.

Cabe destacar también que en este caso, los demandantes son un matrimonio con régimen económico de sociedad de gananciales: la información, debió de darse a los dos y los dos deberían haber hecho el test de conveniencia.

En definitiva, existe la posibilidad de recuperar su dinero invertido en obligaciones subordinadas, pero tendrá que acudir a la vía judicial.

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