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Sentencia del Tribunal Supremo sobre Preferentes

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Sentencia del Tribunal Supremo sobre Preferentes

 

 El Tribunal Supremo se ha condenado al BBVA a indemnizar a un matrimonio  de Valencia con casi 300.000 euros por los daños y perjuicios causados por colocarles participaciones preferentes de Lehman Brothers.

  

El caso es el siguiente:  El matrimonio demandó en su día al BBVA en reclamación por 291.488 euros en concepto de daños por incumplimiento del contrato de gestión de su cartera de inversión, al haber comprado participaciones preferentes de Lehman Brothers Capital Funding II, sin cumplir con la diligencia de información y ser un producto de alto riesgo no adecuado al perfil de los actores.  El banco se opuso.

  El Juzgado de Primera instancia 27 de Valencia estima la demanda y condena al banco.  El BBVA interpone recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.  La Audiencia Provincial de Valencia da la razón al BBVA, que dice que se trata de un contrato semejante al de mandato y comisión mercantil, que no estaban en vigor la ley 47/2007 que trasponía las normas MIFID, que no hubo falta de información ni extralimitación en el mandato.

 El matrimonio recurre ante el Tribunal Supremo, que condena al BBVA a devolverles 291.488 euros,  basándose en los siguientes motivos:

 

El banco informó “de forma deficiente a los clientes” y además les colocó unos productos de alto riesgo a inversores minoristas, lo cual es “una contradicción palmaria incoherente e injustificada”.  Se produjo un “incumplimiento grave” de los deberes exigibles al banco. La Sala advierte que cualquier entidad que venda preferentes, en la medida en que son productos “complejos y de alto riesgo” debe explicar “activamente” a los posibles compradores si realmente resultan coherentes con su perfil, con arreglo a su experiencia inversora, objetivos de inversión, capacidad financiera y preferencias. Su información deberá ser “transparente y de fácil comprensión, haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva y de manera muy especial, cuando se trate de activos de riesgo. La obligación del banco es “activa”: no es suficiente con la “puesta a disposición” de la información. El banco debe “observar criterios de conducta basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y en definitiva, cuidar los intereses de los clientes como si fuesen propios”.

 

El hecho de que uno de los demandantes fuese empresario “no presupone conocimientos avanzados sobre los riesgos específicos de productos financieros y valores negociables complejos”.

 En definitiva, se condena al banco como responsable por los daños causados.

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