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Swap: Bankia condenada a pagar 1.5 millones de euros

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 Swap: Bankia condenada a pagar 1.5 millones de euros

 

 Bankia ha sido condenada a pagar 1.5 millones de euros por un Swap, en sentencia de 21 de junio de 2013 del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Mallorca.

 

 

La demandante solicita la nulidad o subsidiariamente la resolución contractual de dos contratos, uno de permuta financiera de tipos de interés, de 6 de junio de 2008 por 9.800.000 euros y un contrato de Swap de 7 de agosto de 2007 por 5.000.000 euros.  Alega que los contratos se comercializan como cobertura de tipos y que fueron ofrecidos por el banco y no solicitados por el cliente. Se trata de productos de alto riesgo y no se ofreció la información previa necesaria, ocultando los riesgos. Se trata de contratos de adhesión redactados por el banco con abuso de posición dominante, que genera un claro desequilibrio entre las partes.   Los contratos han generado cuantiosas pérdidas para el cliente, que contrató pensando que era un seguro para cubrir la contingencia de una subida de tipos de interés.  El cliente aporta un informe pericial en el que se indica que el banco tenía conocimientos de las futuras fluctuaciones de los tipos, y que había una asimetría total entre los riesgos del banco y los del cliente. De todo ellos se acredita que no se ha producido una verdadera cobertura, sino que el riesgo del producto firmado supera el que se pretende combatir.  El actor es minorista y carece de conocimientos financieros, pues en los correos con el banco denomina seguro a estos productos. En resumen, se alega vicio en el consentimiento, por error sustancial esencial y relevante, por que se firmó creyendo que se trataba de un seguro. Su error fue causado por la falta de información del banco.

Los contratos adolecen también de defectos, no existe información sobre el coste de cancelación, y el planteamiento realizado por el banco es asimétrico en su favor, habiendo ocultado información al cliente.

 

El banco alega defecto legal en el modo de proponer la demanda, situación de incumplimiento contractual, por lo que no puede solicitar la resolución, que los contratos ya estaban extinguidos, que el banco no sabía la evolución de los tipos de interés, que la actora es un grupo importante que no puede ser considerado como consumidor, que no se trata de un contrato de seguro, que se le advirtió de los riesgos de la operación, que la hipotética infracción de normas administrativas no supone la nulidad del contrato, que el contrato se caracteriza por su neutralidad, al haber sido redactado por la AEB, que la carga del error corresponde a quien lo alega, que tenía la posibilidad de cancelación y que el informe del perito no es correcto.

La juez analiza los siguientes puntos relevantes:

 

  • Determinar si se trata de instrumentos válidos como cobertura de riesgos. Concluye que no lo es. Carece de la función de cobertura.
  • Determinar si existe desequilibrio entre las prestaciones de las partes: No lo hay
  • Las previsiones de la entidad bancaria acerca de la variación de los tipos de interés. Estas eran de bajada moderada de los tipos. La elección de los tipos aplicables en los contratos fueron impuestos por el banco, teniendo unas previsiones de bajada de tipos.
  •  No puede conocerse por parte del cliente cuál es el coste de la cancelación.
  •  La información ofrecida por el Banco con carácter previo a la firma, para valorar el error en el consentimiento:  Para ello recoge lo exigido por el art. 79 de la LMV 24/1988, y el RD 629/1993 (art. 5 sobre información a los clientes).  De la lectura de ambos, se constatan una serie de regularidades. El contrato no aparece firmado por la misma persona que confirmó la operación. Se informo como si de un seguro de cobertura se tratase. En definitiva, las obligaciones del banco de suministrar una información clara comprensible y objetiva de los riesgos, no se cumplió.
  •  A pesar del volumen de empresa y de que contaba con asesoramiento, el juzgador considera que hubo error en el consentimiento motivado por la falta de información adecuada e imparcial prestada por el banco, que ofertó los productos como seguros.  Fue la sucursal la que ofreció los productos a los clientes como si fuesen seguros y no los clientes los que los pidieron. No se les advirtió de los riesgos de pérdidas ni del coste de la cancelación.

 

En definitiva, se considera que hubo error en el consentimiento, se estima la demanda, se declara la nulidad de los dos contratos y se condena a Bankia a restituir a la actora 1.402.440’45 euros más los intereses legales y las costas del procedimiento.

 

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