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El arbitraje en la impugnación de los acuerdos sociales

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El arbitraje en la impugnación de los acuerdos sociales

 

 

El arbitraje en la impugnación de los acuerdos sociales puede ser una vía de resolución del conflicto más rápida y práctica que acudir a los tribunales.

 

El arbitraje está regulado por la ley 60/2003 de Arbitraje, modificada por la ley 11/2011.

 

Las partes pueden someterse voluntariamente al laudo de uno o varios árbitros.

 

Para someterse al arbitraje, puede preverse en los estatutos  o acordarse posteriormente mediante contrato entre las partes o en un pacto social. Si está en los estatutos, estará inscrito en el RM y obligará a todos los socios.  Si el acuerdo de sometimiento es extraestatutario, sólo obliga a los firmantes y a sus causahabientes, pero no a la sociedad, ni a otros socios ni terceros.

 

El convenio arbitral puede delimitar el tipo de controversias que se someten a arbitraje: pueden ser todas las controversias con carácter general que afecten a la vida societaria o solamente algún tipo de ellas. En cualquier caso, debe constar por escrito.

 

Adjuntamos el siguiente ejemplo de cláusula arbitral:

 

“Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración estatutaria y los socios o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en el marco de la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral.”

 

Los efectos del laudo arbitral firme son idénticos a la “cosa juzgada”: El laudo arbitral firme es susceptible de ejecución forzosa, como si fuera una sentencia firme. Sin embargo, los laudos arbitrales no firmes no pueden ser ejecutados provisionalmente.

 

Por otro lado, sí es posible la solicitud de medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la sentencia. Las medidas cautelares se deben solicitar ante el juez competente en el lugar en que el laudo debe ser ejecutado. Por todo ello, es recomendable solicitar directamente las medidas cautelares ante el juez y no ante el árbitro.

 

Contra el laudo arbitral solo se puede ejercitar la acción de anulación y solicitar la revisión mediante el procedimiento previsto para las sentencias firmes en la LEC.

 

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¿Quién puede impugnar las actas?

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¿Quién puede impugnar las actas?

 

 

 

La legitimación para impugnar las actas viene establecida por ley, no se puede modificar por ningún pacto social y puede ser apreciada de oficio por el tribunal.

 

Las actas de la junta general

 

El derecho a la impugnación de los acuerdos lo tiene incluso los titulares de participaciones sin voto.

 

Sobre el momento en que se debe ser socio para poder impugnar, la doctrina distingue entre:

 

Acuerdos anulables: solo los puede impugnar el que era socio en ese momento. Los terceros carecen de legitimación. Pueden solicitar la impugnación los socios ausentes, y los socios asistentes a la junta, siempre que conste en acta su oposición al acuerdo. Es imprescindible hacer constar esta oposición de forma expresa para impugnar. También pueden impugnar los privados ilegítimamente del derecho de voto y los administradores.

 

Acuerdos nulos: pueden ser impugnados por socios que no lo eran en el momento de la aprobación, o por cualquier socio, por cualquiera de los administradores, o por cualquier tercero que acredite interés legítimo.

 

 

Los acuerdos del consejo de administración

 

No son impugnables las decisiones que no tienen carácter colegiado, ni las decisiones del consejero delegado, o de un consejero aislado.

 

La impugnación se tramita siguiendo los cauces del juicio ordinario.

 

Las causas de impugnación son las mismas que para los acuerdos de la junta, como oponerse a la ley, a los estatutos, o lesionen el interés de la sociedad, en beneficio de algún socio o tercero, o ser contrarios al orden público.

 

En este caso, sólo están legitimados activamente los administradores y los socios que tengan como mínimo el 5% del capital social. El secretario no está legitimado.

 

El plazo para la acción es de 30 días tanto para acuerdos nulos como anulables.

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¿Cómo impugnar los acuerdos de la junta general?

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¿Cómo impugnar los acuerdos de la junta general?

 

La junta general, adopta sus acuerdos por mayoría y éstos vinculan a todos los socios.

Sin embargo, su soberanía está limitada por la Ley, por los estatutos y por el interés de la sociedad. Por lo tanto, en caso de ser contrarios a alguno de ellos, se establecen mecanismos de impugnación.

 

Son impugnables los acuerdos de la junta general que:

 

  • Sean contrarios a la ley (acuerdos nulos)  o al orden público.
  • Contravengan lo dispuesto en los Estatutos Sociales (anulables).
  • Lesionen los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios socios o de terceros (anulables).

 

Acuerdos contrarios a la ley

 

Los acuerdos contrarios a la ley son nulos, aunque en el ámbito mercantil, por el transcurso del plazo de un año, salvo que se vulnere una norma de orden público, son subsanables. Si son contrarios al orden público, la acción no prescribe. Los acuerdos contrarios a la ley se pueden agrupar en:

Constitución y funcionamiento de la junta general: Cumplimiento de los requisitos formales de convocatoria o desarrollo de la reunión: si existe un defecto de este tipo, el socio debe ponerlo de manifiesto al inicio de la reunión.

Derechos políticos: acuerdos que priven al socio de los derechos de asistencia, voto, intervención en la junta o información.

Aprobación de cuentas: que las cuentas no muestren la imagen fiel de la sociedad o que en el balance no figuren partidas obligatorias.

 

Acuerdos contrarios al orden público

 

Los acuerdos contrarios al orden público no tienen plazo de prescripción. La jurisprudencia del TS ha calificado como acuerdos contrarios al orden público aquellos que intentan privar de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución a los socios minoritarios, o los que atentan contra otros derechos fundamentales.

 

La oposición a los estatutos sociales

 

Distinguimos entre los estatutos sociales que se limitan a reproducir la ley: si los acuerdos son contrarios a éstos, serán nulos.

Otros estatutos sociales aprovechan el margen que da la ley para regular las relaciones de la sociedad y los socios: Los acuerdos contrarios a éstos serán anulables.

 

La lesión del interés social

 

Si un acuerdo lesiona el interés social en beneficio ajeno, será anulable. Para considerar un acuerdo como lesivo, debe reunir los siguientes requisitos:

 

  • Ser formalmente correcto.
  • Ser contrario a los intereses de la sociedad.
  • Que beneficie a uno o varios socios o a un tercero.
  • Que exista una relación de causalidad entre la lesión del interés social y el beneficio ajeno a la sociedad.

 

El plazo para impugnar

 

En los acuerdos contrarios a la ley, la acción de impugnación caduca al año.

 

Si los acuerdos se oponen a los estatutos o son lesivos para la sociedad, la acción caduca a los cuarenta días.

 

El plazo se empieza a contar desde la adopción del acuerdo o desde su publicación en el BORME.

 

Los acuerdos contrarios al orden público no prescriben nunca y son insubsanables.

 

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