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Tous condenada en costas y desestimado su recurso en Badajoz

BURGUERA ABOGADOS PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

 

 

 

 

La firma “Tous” ha visto desestimado su recurso y ha sido condenada en costas en Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 22 de noviembre de 2013.

 

En primera instancia, en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Badajoz había dictado sentencia absolviendo a los codemandados  y condenando a Tous al pago de las costas.

 

La firma catalana apeló la sentencia argumentando que existían suficientes elementos probatorios que sustentaban la vulneración de los derechos de exclusión de los recurrentes.  Su pretensión era que las fotografías de las piezas fuesen prueba suficiente para comprobar su autenticidad o falsedad.  Alude también a la prueba de indicios en defensa de sus intereses.

 

La Audiencia dice que el recurso no puede prosperar, por los siguientes motivos:

 

1.- No aparece debidamente acreditado que hubiera existido un acto de infracción de derechos de exclusiva por parte de los demandados. No se acredita la existencia de riesgo de confusión entre los efectos supuestamente intervenidos. El atestado policial donde figura la fotografía de los efectos, no ha sido ratificado en el proceso penalNo puede apreciarse riesgo de confusión (art. 34.2.b) Ley 17/2001 de 7/12) sobre la mera base de una simple fotografía, obtenida durante la instrucción de un procedimiento penal , en el que el atestado policial, con su diligencia de intervención de efectos, no ha sido ratificado y que se aporta a los autos civiles mediante su mera fotocopia y sobre la base de un estudio comparativo que hace el propio actor.  Para la Audiencia, se necesita examen comparativo físico, pues solo entonces podrá concluirse que nos encontramos ante un producto que puede generar confusión en el mercado.

 

2.- No consta que el codemandado hubiera nunca suministrado productos como los que son objeto de la demanda.

 

La apelante alude al riesgo de confusión. Para determinar el riesgo de confusión hay que examinar los criterios jurisprudenciales: La Ley de Marcas (17/2001 de 7 de diciembre) debe interpretarse sobre la base de las directrices emanadas del Tribunal de Justicia Europea con ocasión de la interpretación del art. 5.1 b) de la Directiva 89/104/CE de 21 de diciembre de 1988.

Las directrices a tener en cuenta sobre el riesgo de confusión son las siguientes (S.TS. 28/06/2013):

 

1.- El riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa.

 

2.- Se debe valorar la impresión producida en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual.

 

3.- El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto y particularmente el conocimiento de la marca en el mercado.

 

4.- Se debe buscar un cierto nivel de compensación por la similitud de marcas  y la semejanza de productos.

 

5.- Se debe tener en cuenta que el consumidor se basa en la imagen imperfecta que tiene en la memoria.

 

6.- Esta visión de conjunto, no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los signos.

 

El Derecho nacional debe ser interpretado de conformidad al comunitario (TJUE de 11.07.1996) y es necesaria una interpretación uniforme de éste  (STJUE de 11.09.2007).  Por ellos se trae a colación la sentencia del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo de 20.03.2003 que señala que el criterio de la identidad de signo debe ser objeto de interpretación restrictiva, de manera que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos: Un signo es idéntico cuando reproduce sin modificaciones, ni adiciones, todos los elementos que constituyen una marca o cuando, considerada en su conjunto en relación con el consumidor medio, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos del consumidor.

 

A la vista de todo ello, sería preciso haber efectuado una confrontación de los productos que supuestamente se intervinieron, con la sola asistencia del letrado de los apelantes.

 

Esa confrontación no se ha producido.  Pero a mayor abundamiento, ni siquiera existió ratificación del atestado policial. Existe por tanto duda acerca de los concretos efectos o productos que se intervinieron, como así resulta de las consecuencias del procedimiento penal que precedió a las actuaciones civiles.

 

En conclusión, no se ha podido realizar la confrontación y análisis de los elementos a los que alude la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que no se puede llegar a conclusiones sobre el riesgo de confusión.

 

Se desestima el recurso y se imponen las costas a la firma catalana.

Consúltenos su caso pulsando aquí. 

 

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