Bankia condenada por preferentes en Leganés

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Según la defensa del banco, “ha sido un producto seguro, sólido y que ha generado una notable rentabilidad”.

 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Leganés ha condenado a Bankia a restituir 100.000 euros invertidos en preferentes,  más intereses legales desde la fecha del contrato con recíproca restitución de prestaciones, y al pago de las costas en sentencia de 21 de marzo de 2013.

 

El demandante fundamenta su solicitud en la falta de consentimiento válidamente prestado al no haber sido informado debidamente por parte de la demandada del objeto del contrato.

 

El banco alegó falta de litisconsorcio pasivo necesario (cuestión rechazada por el juez en la Audiencia Previa)  y niega que hubiese error por que se informó adecuadamente del producto al cliente. Según el banco “ha sido un producto seguro, sólido y que ha generado una notable rentabilidad” (me  abstengo por prudencia de comentar esta afirmación del banco).

 

La Magistrada-Juez analiza la naturaleza de las participaciones preferentes y  la legislación aplicable, en concreto, la Ley del Mercado de Valores, de la cual destaca los siguientes preceptos:

 

  • Art. 78 bis obliga a las entidades financieras a recabar información necesaria para clasificar s sus clientes en profesionales o minoristas.

 

  • Art. 79 bis impone la obligación de mantener informado al cliente de manera “imparcial, clara y no engañosa”, y deberán informar de manera comprensible de modo que permita a los clientes comprender la naturaleza y los riesgos de la inversión que se les ofrece. Además en su apartado 7 se establecen los test para conocer si el producto es adecuado al cliente.

 

El RD 217/2008 desarrolla la normativa de protección al cliente y en su artículo 60 establece que la información ha de ser exacta, imparcial y visible, suficiente y comprensible y no ocultará o minimizará ningún aspecto importantes.  Su art. 73 regula el test de conveniencia.

 

Se destaca la Sentencia de la AP de Madrid sección 14 de 10 de febrero de 2013 que hace suyos los objetivos que persigue la regulación financiera entre los que destacan:

 

a)    Proporcionar una información de alta calidad que permita una decisión informada a los clientes.

b)    Que los consumidores tengan tiempo y oportunidad de reflexionar.

 

Para la Magistrada-Juez, lo relevante es  que la labor de asesoramiento sea personalizada, teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas de los clientes, y dice citando la SAP de Barcelona de 4 de diciembre de 2009: “solo puede hacerse responsable al cliente del desafortunado resultado de la inversión si el gestor en su comisión ha desempeñado sus obligaciones diligentemente…”

 

Cita también la SAP de Valencia sección 9 de 30.10.2008 que indica: (…) “pues sólo un consumidor bien informado puede elegir el producto que mejor conviene a sus necesidades y efectuar una correcta contratación” (….) “La información debe ser clara, precisa, suficiente y  haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, a fin de que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata”.

 

El cliente se considera minorista y conservador. No consta que se informase adecuadamente al cliente sobre el producto y sus riesgos.

 

En conclusión, se declara la nulidad del contrato y se ordena la recíproca restitución de prestaciones, con intereses legales desde la fecha de la suscripción y con imposición de costas al banco.

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