Bankinter condenado por Bonos en Madrid

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El Juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid ha declarado nula una suscripción de bonos que en realidad eran participaciones preferentes del Bank of Ireland  realizadas a través de Bankinter en sentencia de 10 de febrero de 2014.

 

Los demandantes suscribieron las participaciones preferentes en febrero de 2005. Suscribieron el producto como si se tratase de un producto seguro y líquido.  Según estos, el banco incumplió las normas imperativas recogidas en la LMV y el RD 629/1993. No se estableció el perfil de los demandantes y se les recomendó un producto no adecuado para ellos. La falta de información provocó un error en el consentimiento. No se avisó del deterioro de la calificación crediticia del emisor y los demandantes acabaron perdiendo toda su inversión.

El banco, en su contestación alega que no hay vulneración de normas imperativas, que la acción está caducada, y que no había nexo causal entre los incumplimientos alegados y los daños cuya indemnización se reclama. Dice  que los demandantes fueron correctamente informados  y que su perfil de empresarios les permitió comprender el producto y sus riesgos. Según el banco, ellos fueron meros intermediarios, el producto no podía ser calificado como complejo, y la información postcontractual fue correcta.  El banco considera que no hubo asesoramiento y que fueron meros ejecutores de las órdenes.

En la orden de suscripción se omitía toda información sobre comisiones, corretajes y cánones, aunque les cobraron más de 5.000 euros de comisión. En esa fecha, no se entregó ningún otro documento informativo.

En julio de 2011, el banco informa que los 200.000 euros invertidos se habían convertido en 2 euros que menos gastos y correo, quedaban en 0.78 euros.

La Magistrada-Juez analiza la naturaleza del producto: se trata de un producto complejo, según el artículo 79 bis 8.a) de la LMV y como ha reiterado la jurisprudencia, por no aparecer en la lista de valores no complejos y por que no cumple ninguno de los tres requisitos de  a)liquidez b)ausencia de riesgo de pérdidas y c) disposición por el público de suficiente información sobre sus características.

Perfil de los inversores

Se considera que por ser empresarios no tenían que tener conocimientos financieros sobre las participaciones preferentes, que en el año 2005 eran un producto desconocido para el ciudadano medio.

Bankinter no realizó ninguna indagación antes de la firma del contrato sobre los conocimientos experiencia y objetivos de inversión de los demandantes.  Aunque los hechos son anteriores a la normativa Mifid, el propio banco tenía un manual interno que incumplió y que exigía informarse sobre los clientes.  El hecho de que el demandante fuese empresario, no implica que fuese experto en mercados financieros.    Los demandantes no habían tenido otros productos complejos y su inversión en el activo en litigio era el 66% de sus ahorros..

 Asesoramiento

No se requiere que exista un contrato escrito para que haya asesoramiento. Los cinco elementos necesarios para que se considere que hay asesoramiento son:

1.- Debe tratarse de una recomendación.

2.- Debe referirse a instrumentos financieros concretos.

3.- Debe ser personalizada.

4.- Debe realizarse con medios que no se dirigen al “público general” como son prensa, televisión o radio.

5.- Debe ser individualizado.

Los contratos son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Si Bankinter prestaba un servicio de asesoramiento a sus clientes de Banca Privada, estaba especialmente obligada a cumplir la normativa aplicable.

A la vista de las pruebas practicadas, se considera indudable que hubo asesoramiento, aunque no estaba formalizado. Se recomendó de forma personalizada un instrumento financiero muy concreto.

El banco incumplió la obligación prevista por la Orden del Ministerio de Economía de 7 de octubre de 1999 que obliga a redactar un contrato conforme a lo previsto en la OM de 25 de octubre de 1995.

Además la LMV en su artículo 79 en la redacción vigente al momento de la contratación exigía comportarse con transparencia y diligencia en interés de sus clientes, desarrollar una gestión ordenada y prudente cuidando de los intereses de los clientes como si fuesen propios y asegurarse de que disponen de toda la información de los clientes y mantenerlos informados.

La STS de 18 de abril de 2013 señala que la Directiva 1993/22/CE exige un elevado estándar en las obligaciones de actuación de buena fe, prudencia e información.

El banco debió aplicar su propio Manual de Información.

También resulta de aplicación el RD 629/1993 que en sus artículos 4, 5 y 6 del anexo contiene un Código General de Conducta que obliga a informarse sobre la clientela, a informar a los clientes de forma clara correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo, así como informar de las incidencias relativas a las operaciones contratadas.  Se exige u comportamiento leal, profesional e imparcial.

En el mismo sentido, son aplicables la OM de 25 de octubre de 1995  y la OM de 7 de octubre de 1999, esta última, especialmente en lo relativo al asesoramiento de carteras.

Deber de información

Se parte de la base de la exigencia de  buena fe por el artículo 7 del código civil. La Magistrada matiza que hay:

1.- Una información exigible desde la perspectiva de la normativa sectorial (LMV, RD 629/1993 y OM de 7 de Octubre de 1999).

2.- Una información exigible desde la perspectiva de la normativa de protección de consumidores y usuarios (RDL 1/2007, artículos 60, 80 y 89).

3.- Una información exigible desde el punto de vista de la formación del cliente: Si los clientes son no profesionales, se debed extremar la claridad en las explicaciones.

4.- La información del contenido del propio contrato: es necesaria la simulación de escenarios, dar tiempo de reflexión al cliente, dar borradores para que los pueda estudiar, y la información que se de debe ser correcta.

Carga de la prueba

Es el banco el que debe acreditar que la información  facilitada fue suficiente, eficaz y cumplida con un grado de diligencia específica de un ordenado empresario y representante leal en defensa de sus clientes.

Se considera que faltó una información precisa, correcta y adecuada, que provocó el error en los contratantes, por lo que se estima la demanda, anulando el contrato, con condena del pago de las costas al banco.

Consúltenos su caso pulsando aquí.

 

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