En las operaciones de compra de empresas, financiaciones, contratos de distribución o de suministro importantes, se suele realizar una “auditoría” de la empresa objeto del proceso, para en la medida de lo posible evitar problemas posteriores. Comentamos en este post el contenido básico de una “Due Diligence” legal.
El alcance y profundidad de la “due diligence legal” debe ser definida al principio por el destinatario del informe, aunque el coste de esta auditoría legal, pueda ser pagado por la empresa objeto de la misma.
Básicamente, se compone de los siguientes puntos:
1.- Revisión de los aspectos societarios: Se examinan los principales documentos e información societaria, como puedan ser:
a)Estatutos.
b)Apoderamientos.
c)Pactos parasociales.
d)Libros de la sociedad.
e)Posibles conflictos societarios.
2.- Revisión de aspectos contractuales: Examen de contratos, pactos y acuerdos que por su objeto o volumen resultan relevantes para el desarrollo y la continuidad de los negocios de la empresa. Se revisan tanto contratos vigentes, como vencidos que puedan generar contingencias y proyectados para firmar en el futuro. Permite tener una idea clara de las obligaciones y compromisos civiles, mercantiles y financieros asumidos por la empresa.
3.- Revisión de los aspectos relativos a la propiedad:
3.1: Propiedad de bienes muebles e inmuebles: revisión de la documentación relativa a los activos físicos de la empresa, sean estos muebles o inmuebles, así como la existencia de gravámenes, hipotecas o garantías sobre los mismos. Posesión de bienes cuya propiedad es de terceros. Especial énfasis en los bienes que resultan necesarios para el desarrollo del negocio y los relevantes por su valor.
3.2: Propiedad industrial e intelectual: verificación de marcas, signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, licencias, en atención a la relevancia que puedan tener para el negocio.
4.- Revisión de los aspectos de derecho administrativo: Identificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas, así como la existencia de todas las autorizaciones administrativas necesarias para el desarrollo de las actividades de la empresa.
5.- Revisión de los aspectos laborales: revisar los aspectos que puedan resultar problemáticos en relación al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.
6.- Revisión de litigios y procedimientos: Verificación del alcance de los procedimientos legales que tenga la empresa y que puedan afectar significativamente a la continuidad del negocio.
El examen de estos puntos, no nos da la garantía de que en el futuro se pueda plantear algún problema, pero permite aumentar nuestro grado de seguridad en una operación mercantil.
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