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Liberbank condenado por preferentes en Santander

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El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander ha condenado al Liberbank a devolver los 100.000 euros invertidos en participaciones preferentes, con restitución recíproca de prestaciones y abono de intereses legales desde la fecha de suscripción, y al pago de las costas, en sentencia de 10 de julio de 2013.

 

Los demandantes, un matrimonio mayor, él ganadero jubilado y ella ama de casa, minoristas y con perfil conservador, reclaman la anulación de la compra de 100.000 euros en participaciones preferentes fundándose en la presencia de un vicio que invalida el consentimiento, por que no se les facilitó una información correcta, ya que creían que contrataban un depósito.

 

Se invoca el artículo 5.5 de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, los artículos 3,8,60 y 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007 que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la normativa que desarrolla los principios de imparcialidad, diligencia, transparencia y buena fe bancarias, en particular la Ley 24/1988 del Mercado de Valores (artículos 78,79 y 79 bis) y el RD 629/1993.

 

El banco por su parte alega que los demandantes tienen una amplia experiencia inversora, habiendo invertido en acciones, y fondos de inversión.  Niega que la iniciativa de la oferta del producto fuese del banco.

 

El Juez dice que la compra de acciones que habían hecho como de Endesa o de Telefónica, de escasa cuantía, no implica que su perfil fuese el de un inversor experto.

 

No se conoce con precisión la información que recibieron y comprendieron al suscribir las participaciones. Y esto tiene trascendencia por que la carga de probar que el cliente fue adecuadamente informado y asesorado corresponde a la entidad financiera.

 

Llama la atención del juez que tratándose de un pleito de las características que se trata, no comparezca a declarar ningún empleado del banco.  No se entregó folleto informativo ni la Nota de Valores, que había sido depositada en la CNMV solamente dos días antes de firmar la suscripción.  Se deduce también que la iniciativa no fue de los actores sino de la Caja.

 

A mayor abundamiento, al pedir la actora que se interrogue a la demandada en la persona que conoció los hechos, y a la vista se presenta un director de oficina que no sabe absolutamente nada, ni identifica quién lo puede saber, se da sustento sobrado para dar por confesa a la demandada por todo cuanto le perjudica con fundamento en el artículo 309.3 de la LEC.

 

Tras analizar la normativa en vigor en el momento de la contratación, el juez destaca el artículo 7 del Código Civil, que exige la buena fe, que se traduce en un deber de lealtad en la fase de formación del contrato.

 

El Juez concluye que nos encontramos ante una nulidad absoluta.

No se cumplieron los requisitos mínimos de información. Se produjo un conflicto de intereses que intoxicaba la operación que “obedecía al interés predatorio de la Caja” (….).

La doctrina de la propagación de la ineficacia del contrato arrastra al canje coactivamente impuesto por el FROB.

 

En definitiva, se estima íntegramente la demanda, se declara nulo el contrato tanto por vicio del consentimiento como por infracción de normas imperativas, se anula el canje por las acciones y se ordena la restitución de los 100.000 euros con recíproca restitución de las prestaciones, con pago del interés legal desde la contratación de las participaciones preferentes y se condena a Liberbank al pago de las costas.

 

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