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Preferentes: Condena Bankia en Madrid

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Bankia ha sido condenada a devolver los 17.400 euros que invirtió un profesor de derecho público en participaciones preferentes de Caja Madrid, y al pago de las costas, en sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid.

 

El demandante, un profesor de derecho público, invoca la existencia de error en el consentimiento y falta de información en la compra de participaciones preferentes que hizo el 9 de junio de 2009 y que fue ofrecida por el banco.  Alega que no se le informó de los riesgos, de que la rentabilidad no estaba garantizada, de que no había plazo de vencimiento y de que las participaciones preferentes podían ser amortizadas unilateralmente por el banco. Al contrario, se le dijo que su rentabilidad estaba asegurada y que el dinero lo podía recuperar fácilmente.

 

Bankia alega con carácter previo la falta de litisconsorcio pasivo necesario, pues dice que solo fue intermediaria, siendo  Caja Madrid Finance Preferred S.A. la entidad emisora.

Además dice que no hubo error en el consentimiento, y que el demandante ya tenía otras participaciones preferentes, así como otros productos financieros de Caja Madrid. También alega que se cumplieron todas las obligaciones legales de información y que se hizo un test de conveniencia al demandante. Por último, dice que la disminución de valor se debe a la coyuntura internacional.

 

El Magistrado-Juez, analiza en primer lugar la naturaleza del producto y dice: “Su denominación resulta ya de por sí, equívoca, pues la “participación preferente” no confiere derechos políticos de ninguna clase (ni participación en el capital ni derecho a voto), ni otorgan a su titular facultad ninguna que pueda calificarse de privilegiada. Al contrario, en caso de liquidación o insolvencia del emisor, se sitúan en el orden de prelación por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados”.

 

A continuación, repasa la legislación aplicable al caso, la LMV  (ley 24/1988) especialmente su artículo 79, el Real Decreto 217/2008 y  la ley 47/2007. Continúa afirmando que corresponde a Bankia, con arreglo al principio de facilidad y disponibilidad probatoria del artículo 217 de la LEC, acreditar que se facilitó al cliente la información necesaria.

 

Del análisis de la prueba concluye que el producto fue propuesto por los empleados de Caja Madrid y que no se ajustaba a las características y objetivos del demandante.

Para el Magistrado-Juez, el hecho de que el demandante hubiese sido profesor asociado de Derecho Público, no implica que tuviese formación financiera ni que tuviese finalidades especulativas.

 

No hubo tiempo material suficiente para  comprender el sentido y alcance de los documentos que se firmaban y no se dio la oportunidad al cliente de examinar los documentos en su casa.

 

En conclusión, se considera que el consentimiento fue prestado por error, y por lo tanto condena a Bankia ala restitución recíproca de las prestaciones con intereses legales desde la fecha de la demanda, y al pago de las costas.

 

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