La Audiencia Provincial de Pontevedra confirma la declaración de nulidad de las cláusulas que atribuían exclusivamente al prestatario el impuesto de actos jurídicos documentados y los gastos derivados de los aranceles notariales y registrales y de la tramitación de la escritura pública en la que se celebró el préstamo y se acordó la garantía hipotecaria.
