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Sentencia sobre obligaciones subordinadas: Condenan al banco

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Sentencia sobre obligaciones subordinadas: Condenan al banco

 

El Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Vigo, ha condenado a Novagalicia Banco a devolver el importe suscrito por los demandantes en obligaciones subordinadas, en sentencia de recha 16 de mayo de 2013.

Recomiendo esta sentencia por el rigor y detalle con el que el Magistrado Juez analiza el tema de las obligaciones subordinadas.

 

Los demandantes reclaman la devolución de su inversión, más intereses y costas, solicitando que se declare la nulidad de los contratos realizados entre 2006 y 2008.

Llama la atención del caso (el Magistrado en su sentencia dice literalmente “más ojiplático se queda este juzgador”…) al ver la inexactitud de la información aportada por la demandada y la inexactitud de la contestación de la demanda por el banco, lo cual no hace más que sumar al argumento del déficit de información de los inversores, e inclinar la balanza a su favor.

Continnúa la sentencia: “Lo que si está claro es que en ningún lugar (….) se explica el producto que se vende ni se especifica en qué consisten las obligaciones subordinadas. (…) Ninguna duda tiene este Juzgador de que si no se explica el producto, al menos por escrito, es difícil comprender el mismo y sus características y prestar sobre el mismo válida manifestación del consentimiento contractual”.

El banco alega que la acción está prescrita, por haber transcurrido más de cuatro años. El Magistrado desestima este momento, por que, si se trata de nulidad absoluta, que provoca la inexistencia del negocio, no prescribe la acción. Pero si se trata de anulación, la caducidad de cuatro años del 1.301 C.C empezará a contar, como pronto desde que “se entera” de que no puede recuperar el dinero. A mayor abundamiento, según el Tribunal Supremo (STS 20 de febrero de 2008 y otras) considera que el plazo del 1.301 C.C. empieza a contar cuando se han cumplido todas las obligaciones, y tratándose de un contrato de tracto sucesivo, a su vencimiento.

La sentencia hace un análisis detallado del producto, calificándolo como complejo y de riesgo alto, que sólo debe ser recomendado a inversores con conocimientos financieros y para “invertir siempre cantidades ahorradas que el cliente se pueda permitir perder”.

El Magistrado, desmenuza la información recogida en el folleto de emisión depositado en  la CNMV y afirma que no hay ni una única advertencia de los siguentes puntos:

El riesgo de subordinación y prelación de los inversores ante situaciones concursales.

El riesgo de pérdidas de liquidez.

El riesgo por fluctuación del tipo de interés.

El riesgo de mercado.

La calidad crediticia de la emisión.

El riesgo de crédito.

La sentencia afirma que los demandantes deben ser calificados como minoristas y conservadores, y al añadirse su condición de consumidores, son merecedores de la máxima protección.

El artículo 79 de la LMV establece que el banco debía de cuidar los intereses del cliente como propios.

Destaca también el plus de protección que otorga la Ley de Defensa de los  Consumidores y Usuarios.

El mal asesoramiento del banco se pone claramente de manifiesto al hacer las cuentas con la edad del contratante: a la firma tenía 83 años y a su vencimiento tendría 98.

La sentencia continúa destacando que la carga de la prueba de la información recae sobre el banco (STS 14 noviembre de 2005).

La entidad no puede recomendar productos no idóneos para el cliente, y “debe considerarse no idónea toda operación que implique un grado de riesgo no acorde al perfil del inversor o también no será idónea aquella recomendación de un producto que aumenta el riesgo y costes potenciales de perder la totalidad de la inversión cuando el perfil del cliente es conservador”.

Destaca también el hecho resaltado por la sentencia de que en el folleto de la emisión se dice literalmente: “La presente emisión tiene una doble finalidad: incrementar los recursos propios de la Entidad mediante la computabilidad en los mismos de la financiación subordinada suscrita y desembolsada, para mejorar el ratio de solvencia actual de la Entidad Emisora y servir de canje,….(….)”.

Es decir, que la razón de ofrecer las obligaciones subordinadas no es el interés del cliente, que legalmente es obligación del banco, sino el de fortalecer sus recursos propios.

Destaca también la sentencia, la situación de conflicto de intereses que se plantea al darse la concentración entre el creador, estructurador, comercializador, y agente de cálculo en la contrapartida, donde la entidad financiera, bien adopta posiciones contrarias a las que recomienda, bien recomienda productos no adecuados a sus clientes y obtiene un beneficio a costa de los intereses de los clientes.

Se analiza con detalle el error en el consentimiento y se llega a la conclusión de que los contratos fueron nulos. Se condena al banco a la restitución del capital invertido y  no se deben reintegrar todos los intereses producidos por que en caso contrario se producía un enriquecimiento injusto del banco, interpretación que apoya en la STS de 17 de junio de 2010 y el artículo 451 del C.C.  Es decir, los demandantes tienen derecho a los intereses legales del dinero desde la fecha de contratación hasta la fecha de la sentencia y a partir de la fecha de la sentencia, los intereses del art. 576 LEC hasta el pago efectivo (compensándose con los intereses ya recibidos).

Se condena al banco a pagar las costas.

En resumen, si se ha visto perjudicado por inversión en bonos u obligaciones subordinadas o participaciones preferentes, puede conseguir recuperar su dinero.

Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sobre su caso.

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