14 Claves de la acción individual de responsabilidad de los administradores

reclamación de deudas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acción individual de responsabilidad de los administradores puede permitir el cobro de los créditos frente a una sociedad incluso siendo ésta insolvente.

El artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital establece:

“Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.”

Hemos comentado el tema en entradas de 20 de junio de 2014,  de 14 de abril de 2014, y de 10 de abril de 2014.

La parquedad con la que se establece la regulación de esta acción hace imprescindible la revisión del criterio en los tribunales para estudiar las posibilidades de cada caso.

Así que vamos a repasar los criterios  que está siguiendo en este caso la sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia en sus últimas sentencias para tener un mejor conocimiento de los criterios que se aplican.

1.- Hay que diferencial entre la acción individual de responsabilidad (artículos 236 y ss LSC) y la acción social de responsabilidad (241 LSC).

2.- Se pueden ejercer acumuladas en la misma demanda.

3.- Un mismo hecho constitutivo de una infracción puede servir de presupuesto para las dos acciones.

4.- La acción individual de responsabilidad exige culpa, daño y relación de causalidad: Es una responsabilidad subjetiva. La acción social de responsabilidad tiene carácter objetivo: no requiere relación de causalidad ni reproche de culpabilidad, constituyendo una responsabilidad “ex lege”, de naturaleza “cuasi objetiva”.

5.- Los requisitos de la acción individual de responsabilidad del art. 241 de la LSC son (según la STS de 4 de noviembre de 2010):

 a)    Acción u omisión antijurídica.

b)    Desarrollo de la acción u omisión por el administrador en concepto de administrador.

c)     Daño directo a quien demanda.

d)    Relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño.  

 

6.- La acción debe establecerse con claridad “sin que quepa el efecto sorpresivo, ni someter a la contraparte y al tribunal al esfuerzo de averiguar el fundamento de lo que realmente se pretende en la demanda”. Debe indicarse claramente si se ejerce la acción individual, la acción social o ambas.

7.- Es imprescindible acreditar la relación de causalidad entre la acción u omisión antijurídica por parte del administrador y el impago de la deuda.

8.- Es preferible que exista un pronunciamiento previo contra la sociedad sobre el objeto del procedimiento. Esto puede alargar el proceso y dejarnos “fuera de juego” por la prescripción de la acción.

9.- En caso de desestimación de la demanda, es posible la no imposición de costas cuando la deuda es indubitada y el comportamiento del deudor genera ciertas dudas (por ejemplo, cuando al poco tiempo de la generación de la deuda se entra en concurso de acreedores).

10.- El plazo para la prescripción son cuatro años a partir del cese del cargo de administrador (STS de 14 de abril de 2009 y SAP Valencia 14 de marzo de 2006). Así lo establece expresamente el  Art.949 del C. Comercio.

11.- El “cierre de facto” o “persianazo”, con desprecio absoluto a los intereses de los acreedores, sin liquidar la sociedad ni someterse a un proceso concursal se considera una negligencia grave. (SAP Valencia 16 de mayo de 2012,  19 de febrero de 2014).

12.- Otro  ejemplo  de comportamiento  negligente  del administrador social es (SAP Valencia 10 de octubre de 2011) la concertación de servicios por un importe económico elevado sin la previsión económica adecuada o con plena consciencia de no hacerlos efectivos.

13.- Es causa de exención de la responsabilidad individual de los administradores, el conocimiento por el acreedor de la situación económica de la mercantil deudora (STS de 20 de julio de 2001): Es necesaria la concurrencia de buena fe en el que demanda. (SAP Valencia de 19 de mayo de 2011).

14.-  Los administradores no son responsables de los créditos posteriores a su cese, y la inscripción del cese en el Registro, no tiene carácter constitutivo. Pero concurriendo buena fe del acreedor, al no poder éste conocer el cese sino desde la fecha de la inscripción, el plazo para la prescripción empezará a contar desde su entrada en el Registro.

En resumen, existen cauces legales para conseguir el cobro de una deuda, a pesar de que la empresa deudora haya realizado un “cierre de facto” o “persianazo”.

Consúltenos su caso pulsando aquí.

 

Deja un comentario

Idioma




Suscríbase y reciba un libro PDF


Solo por suscribirse recibirá por correo electrónico el enlace para descargar el libro "Cómo cambiar de abogado" en formato digital.
Regístrese aquí

Sígueme en Twitter



Suscríbase a nuestro newsletter:

* Este campo es obligatorio