Categorías
Bancario Blog Casos (sentencias) Inversion inmobiliaria

La Condición de Consumidor del Inversor

Abogado de Inversores

Tabla de contenidos

Actividad inversora del consumidor como persona física

Consulte gratis su caso ahora

El Tribunal Supremo confirma su criterio de que no se pierde la condición de consumidor por realizar una actividad inversora no habitual con intención lucrativa.

Resumen

Las personas físicas invierten sus ahorros para rentabilizarlos.  Cuando hay un litigio sobre esa inversión, se plantea la cuestión sobre si ese inversor puede beneficiarse de la normativa sobre consumidores. La STS 2913/2023, de 27 de junio, recoge la doctrina sobre esta cuestión.  Lo relevante para determinar si una persona física inversora mantiene su condición de “consumidor” es conocer si se integra en una actividad empresarial habitual.  El mero ánimo de lucro no es relevante.

Hechos

D. Emiliano suscribió con Caja Rural de Extremadura, el 28 de abril de 2015, un préstamo hipotecario de 35.000 euros, para financiar la construcción de un garaje-almacén, a devolver en 15 años mediante 180 mensualidades, más los intereses. En la escritura del préstamo se establecía una comisión en favor de la entidad por cada impago.

El prestatario trabajaba por una empresa forestal, y también había trabajado como albañil, pero no se dedicaba habitualmente al arrendamiento de inmuebles. Una vez construido el inmueble, lo arrendó a la sociedad mercantil Urbaser S.A.

D. Emiliano demandó a Caja Rural para solicitar la nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo, por abusivas, relativas a la comisión por impago y al interés por mora.

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º2 bis de Mérida dictó sentencia el 30 de octubre de 2017 desestimando la demanda, considerando que el demandante suscribió el préstamo hipotecario como empresario, y no como consumidor, de manera que el control de transparencia y de abusividad no eran aplicables.

Audiencia Provincial

La Sección 2ª de la AP de Badajoz, mediante sentencia de 2 de julio de 2020, desestimó el recurso de apelación, alegando que el préstamo se destinó a una actividad inversora, según constaba en la escritura de formalización del préstamo, y, por lo tanto, no era aplicable la legislación de defensa del consumidor.

Recurso de casación

El prestatario interpuso recurso de casación denunciando la infracción del concepto de consumidor, definido en los artículos 3.1, 82 y 83 del texto refundido de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios (TRLGDCU) e interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo reiteró la jurisprudencia acerca del concepto de consumidor y resaltó que, en el momento de formalización del préstamo, 28 de abril de 2015, el art. 3 TRLGDCU ya establecía así el concepto de consumidor persona física:

A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. (…).”

Lo relevante es «cómo actúan» en ese caso concreto, independientemente de sus condiciones subjetivas.

Era aplicable, por tanto, el art. 3 TRLGDCU.  Además, previamente se venía aplicando la jurisprudencia del TJUE respecto al criterio de la actividad profesional o empresarial para atribuir la condición de consumidor. Las SSTJUE de 25 de enero de 2018, 498/16 y 14 de febrero de 2019, 630/17, declaraban que la posición de consumidor se interpreta en relación con un contrato determinado, no la situación subjetiva de la persona. Un consumidor lo en función del papel que desempeña en una contratación concreta, de manera independiente  a su actividad profesional:

«(i) El concepto de «consumidor» debe interpretarse en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras.

(ii) Sólo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido para la protección del consumidor como parte considerada económicamente más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional.”

La Sala recordó, citando la sentencia 250/2022, de 29 de marzo, que, respecto a las personas físicas de acuerdo con el art. 3 TRLGDCU:

La finalidad lucrativa no excluye la condición de consumidor, sino que lo relevante es la finalidad profesional.”

El Tribunal declaró que la adquisición de un inmueble para arrendarlo, si no se integra en una actividad empresarial o profesional, es un acto de consumo.  La actividad empresarial requiere un componente de habitualidad, de acuerdo con el art. 1.1 CCom y la sentencia 16/2017, de 16 de enero:

«»el ánimo de lucro del consumidor persona física debe referirse a la operación concreta en que tenga lugar, puesto que si el consumidor puede actuar con afán de enriquecerse, el límite estará en aquellos supuestos en que realice estas actividades con regularidad (comprar para inmediatamente revender sucesivamente inmuebles, acciones, etc.), ya que de realizar varias de esas operaciones  asiduamente en un periodo corto de tiempo, podría considerarse que, con tales actos, realiza una actividad empresarial o profesional, dado que la habitualidad es una de las características de la cualidad legal de empresario, conforme establece el art. 1.1º CCom»».

En definitiva, la Sala estimó el recurso porque el recurrente adquirió un préstamo para financiar un inmueble que posteriormente arrendó, es decir, con fines lucrativos, pero dicha transacción no formaba parte de una actividad profesional, por lo que era un acto de consumo.

Conclusión

En conclusión, un consumidor es aquella persona física que actúa al margen de su actividad profesional, tenga o no ánimo de lucro. Si una persona adquiere un préstamo para financiar un inmueble con fines lucrativos, son aplicables las normas de defensa del consumidor, si dicha adquisición no se integra en su actividad profesional.

Consulte gratis su caso ahora

Deja una respuesta