Una caída en la vía pública a consecuencia de su mal estado de conservación, una intervención médica que provoca un menoscabo físico al paciente, un procedimiento judicial injustificadamente largo… Son todos supuestos en los que el funcionamiento normal o anormal de un servicio público provoca un daño a una persona. Pues bien, ¿qué puede hacerse en estos casos?, ¿Puede exigirse a la Administración la compensación del daño infligido?

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